La nueva ley de Hidrocarburos en Bolivia abre interrogantes sobre el futuro de la riqueza petrolera y gasífera del país por las objeciones y resistencias que empezaron a plantearse apenas promulgada.
La norma fue firmada el martes pasado por el presidente del Congreso, Hormando Vaca, pues el gobierno del presidente Carlos Mesa la devolvió al Legislativo sin vetarla y objetarla a pesar de que discrepa con la ley.
Si bien el debate y la promulgación, que desataron marchas y protestas sociales, marcan el fin de un conflictivo período de reformas a la norma vigente desde 1997, tampoco garantizan un tiempo de calma y se estima que las confrontaciones seguirán.
Las manifestaciones que se iniciaron el lunes y continuaron ayer, varias de ellas exigiendo la nacionalización de los yacimientos energéticos sin pago de indemnización a las empresas explotadoras, se desarrollaron en forma pacífica, aunque con incidentes aislados.
En las inmediaciones de la céntrica Plaza Murillo en La Paz, fuertemente resguardada y donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y Legislativo, era fácil escuchar los pedidos de renuncia del presidente Mesa, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales, previstas para 2007.
Apenas promulgada la ley, el radical partido Movimiento al Socialismo (MAS) presentó un "proyecto modificatorio" en el que plantea el cobro del 50 por ciento de los impuestos sobre la producción.
Al respecto, puntualizaron que el régimen de cobro aprobado de 18 por ciento de regalías más 32 por ciento de tributos (casi un 50 por ciento) ofrece márgenes de una evasión tributaria de al menos 200 millones de dólares anuales, pues los impuestos son deducibles por certificados de exportación.
Asimismo, el MAS considera modificar el artículo referido a la vigencia de los contratos vigentes (suscritos a partir de 1997) con las transnacionales pues viola la sentencia del Tribunal Constitucional, que los declaró nulos por no haber sido ratificados en el Congreso.
En ese punto, el Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) añade que los "contratos vigentes deben ser sometidos al fuero judicial" para que éste decida si son válidos o no.
La Nueva Fuerza Republicana (NFR), a su vez, demanda cambiar otros dos puntos vinculados a la devolución de tributos a favor de las empresas explotadoras de la riqueza energética.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que abrió el camino a la privatización energética en 1997 durante el primer mandato constitucional del depuesto Gonzalo Sánchez (en su segundo gobierno), pidió la formación de una Comisión Fiscalizadora para que las regalías (18 por ciento) e impuestos (32 por ciento) sean pagados.
La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos e Indígenas y otras organizaciones sindicales y de la sociedad civil, como la Federación de Juntas Vecinas de El Alto, demandan la nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización.
En ese marco, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) sostiene mediante un comunicado que "la ley es confiscatoria y vulnera supuestos derechos de esas empresas", aludiendo que las compañias petroleras y de gas afectadas podrían recurrir a los tribunales internacionales.
El escenario político y también social sobre la nueva ley de Hidrocarburos es conflictivo, ya que señalan algunos observadores que la norma promulgada por el Congreso carece de legitimidad "ya que un Poder del Estado (el Ejecutivo) no está de acuerdo con la misma pero tiene que reglamentarla".

En ese sentido, el Ejecutivo y el Legislativo, que han tenido serios "encontrones" en los últimos meses, tienen que aplacar por un lado la presión interna y por otra la externa, para lo cual tienen que buscar puntos de coincidencia para enfrentar las demandas que están por venir.
En dos ocasiones Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos, en 1935 y 1969, pero en 1997 cuando se privatizó el recurso la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abandonó las actividades de exploración y explotación y se convirtió en un ente burocrático.
Según las estadísticas, las empresas privadas en los últimos ocho años han invertido cerca de 3 mil 500 millones de dólares, lo que ha permitido confirmar las ricas reservas de gas natural en los yacimientos Margarita, en el departamento de Tarija (sur).
Recientes comprobaciones técnicas, añaden que los yacimientos gasíferos suman cerca de 50 trillones de pies cúbicos (un 85 por ciento está en Tarija) con una tasación de 100 mil millones de dólares.
Otro punto determinante en el futuro de los hidrocarburos es si serán exportados y por dónde.
Si bien hay una Carta de Intención suscrita con Perú para utilizar un puerto del sur peruano, desde agosto de 2004, por cuestiones económicas es más rentable por puertos del norte de Chile.
Bolivia guarda con Chile una suerte de animadversión desde la Guerra del Pacífico (1879) y por la negativa chilena de reconocer la "cualidad marítima" boliviana.
En el caso de la exportación del gas, un punto crítico es el relacionado con el mercado de destino, aunque ya hay un acercamiento con México -confirmado con la visita del presidente mexicano Vicente Fox a La Paz hace unas semanas- y Estados Unidos. (Xinhua)

19/05/2005