Uruguay recordará este 27 de junio los 32 años del golpe de Estado en el marco de la investigación que realiza el gobierno de izquierda sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985).

El gobierno del socialista Tabaré Vázquez se ubica en América Latina en la corriente revisionista de la década de los 70, al igual que en Argentina, donde se derogaron las leyes de perdón a los represores, y en Chile, donde se suceden los juicios a los militares por sus crímenes en dictadura.

La izquierda, tan combatida por los militares, llegó al gobierno por la vía democrática y tiene algunos ex líderes guerrilleros entre sus principales referentes, recuerda el analista Alfonso Lessa en el diario local "El País".

En los 12 años de gobierno de facto, los militares uruguayos desarrollaron un gobierno con peculiaridades, como por ejemplo, la activa colaboración de civiles en el proceso.

Entre 1973 y 1976 la presidencia de facto la ocupó quien se desempeñaba como jefe de Estado constitucional antes del quiebre institucional, Juan María Bordaberry.

La dictadura tampoco se personalizó en una figura pública que la representara, como ocurrió en Chile o Paraguay.

Si bien los militares uruguayos no aplicaron el asesinato sistemático de sus disidentes, como aconteció en Argentina, y optaron por la prisión de los mismos, sí se consideran 38 desaparecidos en el país.

A esta cifra deben sumarse más de 200 uruguayos que desaparecieron en Argentina víctimas del Plan Cóndor, la operación de coordinación represiva entre las dictaduras que gobernaban el Cono Sur.

Los familiares de los desaparecidos y las fuerzas políticas de izquierda reclamaron desde la instauración democrática que aunque no hubiera castigo para los militares represores se determinara el destino de los cuerpos de los desaparecidos y las circunstancias en las que murieron.

Desde su asunción el 1 de marzo, el gobierno ha implementado una serie de medidas para cumplir con los reclamos de los familiares.

El viernes, el gobierno emitió dos señales importantes.

La primera fue imponer a los comandantes en jefe del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea un plazo hasta el 8 de agosto para que le informen del resultado de la investigación sobre los desaparecidos.

La segunda, excluir de la ley de caducidad -que no permite la actuación judicial sobre crímenes cometidos por los militares durante la dictadura- al crimen de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García.

El gobierno argumenta que García no tenía militancia política y fue secuestrada y asesinada en Uruguay sólo para robarle a su hija recién nacida, y al tratarse de un delito común se le excluyó de esa ley de amnistía.

En las filas militares se plantean dos posturas: una línea dura que se opone a cualquier investigación, y otra revisionista, impulsada por los mandos más jóvenes que pretenden limpiar el honor del Ejército y mejorar la imagen negativa que todavía tiene a nivel de la sociedad.

En la línea dura existe preocupación ante la posibilidad de que se profundice la investigación de los años de represión y que incluso -a través de más excepciones de la ley de caducidad- deban concurrir a declarar ante los juzgados.

En ese marco, el ex dictador y presidente constitucional Juan María Bordaberry tiene en su contra un pedido de procesamiento de la Fiscalía por el asesinato en 1976, en el marco del Plan Cóndor, de los ex legisladores opositores al régimen militar, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

La política revisionista de Vázquez tiene un gran respaldo popular, al punto de que casi el 80 por ciento de los uruguayos apoyan el ingreso de científicos a los predios militares para determinar el lugar donde fueron enterrados los disidentes políticos.

Los próximos días serán claves para definir hasta qué punto avanza el gobierno de izquierda en la investigación de los casos de derechos humanos, una herida que la sociedad uruguaya todavía no cicatriza. (Xinhua)
27/06/2005