La máxima autoridad judicial electoral de México se encuentra en una encrucijada para decidir si ratifica el aparente triunfo del candidato presidencial del partido en el poder y que ha sido desconocido por la oposición.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) comenzó el sábado, el estudio de las impugnaciones presentadas por todos los partidos tras los comicios del 2 de julio.

El tribunal electoral tiene como fecha límite el 31 de agosto para resolver todos los reclamos y el 6 de septiembre para proclamar al presidente electo que tomará posesión el 1 de diciembre en el país.

El aspirante Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN, de derecha y en el poder) ganó los comicios con escasa ventaja de 0, 58 de punto porcentual sobre Andrés Manuel López Obrador, de la coalición izquierdista "Por el bien de todos", según el Instituto Federal Electoral (IFE).

López Obrador ha convocado a movilizaciones de protesta contra el aparente triunfo de Calderón con el argumento de que hubo fraude en los comicios y demandó al Tribunal Electoral un recuento voto a voto, que ratifique o modifeque el resultado del IFE.

A decir de los juristas, el tribunal tiene tres opciones: proclamar presidente electo a Calderón, ordenar el recuento voto por voto con posibilidad de que se revierta el resultado o anular la elección si se comprueban irregularidades.

La encrucijada estriba en que una victoria de Calderón o López Obrador dejará inconformes al bando del otro, y la anulación de los comicios, pondrá en entredicho a las autoridades del IFE, en teoría el árbitro autónomo e imparcial de la contienda.

Existe el antecedente en México de que el tribunal electoral anuló por irregularidades las elecciones para gobernador en el estado de Tabasco en 2000 y en Colima, en 2003, pero nunca una elección presidencial. Los fallos del tribunal electoral son inapelables.

Como no existe segunda vuelta electoral en México, el candidato presidencial que obtiene el número más alto de votos gana las elecciones.

En México, es el tribunal electoral y no el IFE el que declara al presidente electo, aunque el anuncio del IFE que dio la victoria a Calderón suscitó felicitaciones indebidas al candidato de diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos y España.

El proceso electoral para mandatario no concluyó con los comicios del 2 de julio sino cuando el tribunal proclame al presidente electo, según los juristas.

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), la máxima casa de estudios del país, afirman que aunque las leyes del país no la prevén específicamente, la anulación de los comicios presidenciales es factible.

Los investigadores Lorenzo Córdova y John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unam, dijeron que la invalidación de los comicios presidenciales procede por "nulidad abstracta" o "nulidad directa".

Ackerman dijo que las leyes electorales son sólo enunciativas y no limitantes para revertir un resultado.

Si López Obrador muestra en el tribunal sus acusaciones de robo de votos en su contra, votos falsos a favor de Calderón, intromisión indebida del presidente en el proceso electoral y campaña de propaganda sucia, procederá la anulación de los comicios.

López Obrador, de 52 años y ex alcalde de la capital, aseguró que desactivará las movilizaciones y que acatará el nuevo resultado, aun si le es adverso, si el tribunal efectúa el recuento voto por voto.

Los juristas consideran que a pesar del discurso enérgico de López Obrador hacia su contricante derechista, ha actuado conforme a la ley, pues las movilizaciones de protesta y las impugnaciones al resultado electoral son constitucionales.

Diversos periodistas y medios de prensa que simpatizan con Calderón aseguran que López Obrador pretende la anulación de los comicios, lo cual ha sido rechazado por el candidato izquierdista.

Ackerman dijo que si el tribunal electoral ratifica el triunfo de Calderón, las leyes de transparencia y derecho a la información permiten un conteo ciudadano voto a voto que plantearía un nuevo escenario político.

Sería ilegal que una autoridad ordene la destrucción de las boletas electorales para impedir el recuento ciudadano, lo cual suscitará ulteriores sospechas, según juristas y políticos de izquierda.(xinhua)
19/07/2006