Perú fue esta semana escenario de manifestaciones y huelgas que suscitaron tensión y muestran una baja en la popularidad del mandatario Alan García.

Diversos sectores incluso demandaron la renuncia del jefe de Estado, que cumplirá el 28 de julio el primer año de su segundo mandato constitucional, tras el de 1985 a 1990.

Las protestas ocurren a pesar del alto crecimiento económico del país andino (de entre 7,5 y 8 por ciento para este año) pero con una pobreza que afecta a casi el 60 por ciento de los 28 millones de peruanos.
Las movilizaciones sintetizan la frustación y el desfogue de la población, tanto a nivel regional (departamental) como de gremios sindicales.

El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) , de 300.000 agremiados, inició la semana pasada una huelga nacional indefinida en demanda de la abrogación de la ley de la Carrera Magisterial o nueva ley del profesorado.

El viernes, el Sutep pidió abrir una mesa de diálogo con el gobierno, pero el titular del Ministerio de Educación, José Chang, advirtió a los docentes que serán reemplazados por alternos si no reanudan las labores.
Desde el miércoles 11, las regiones (departamentos) de Arequipa, Puno, Huancavelica, Cusco y en menor medida Moquegua y Tacna, que en conjunto conforman la macrorregión sur, pararon actividades y bloquearon caminos.
Los inconformes exigen la convocatoria a una asamblea constituyente, cambios radicales en la política económica gubernamental, rebaja de los combustibles y la ejecución de los tramos faltantes en la futura vía interocéanica (Pacífico-Atlántico).

La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP, de 600. 000 afiliados), convocó un paro nacional de 48 horas y se sumó a las demandas que hacen los departamentos regionales.

Otras exigencias son la revisión, modificación o anulacion del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Perú con Estados Unidos, el respeto a la sindicalización y el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas.
Completan la lista de demandas, la libre desafiliación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la cancelación definitiva de los "services" (servicios).

Los bloqueos de carreteras y las manifestaciones en las principales ciudades estuvieron a la orden del día.

Un grupos de vándalos incendiaron y saquearon parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Juliaca, departamento de Puno.

El gobierno de García envió a 90.000 policías a patrullar calles y puso en alerta a las Fuerzas Armadas para que vigilaran y protegieran edificios públicos, terminales aéreas y portuarias, así como centrales hidroeléctricas, para prevenir atentados.

Las encuestas de opinión pública, por su parte, señalan que el respaldo al gobierno ha caído a entre 35 y 45 por ciento, aunque una mayoría de la población (60 por ciento) rechaza las marchas y huelgas.

Hay una tendencia a un menor optimismo a futuro ante las dificultades políticas y el modelo económico que no beneficia a los más pobres, expresan los analistas políticos.

El viernes, 500 maestros del SUTEP en el departamento suroccidental de Tumbes, "invadieron" territorio ecuatoriano (Cantón de Guaquillas) para protestar contra el gobierno peruano.

Los maestros comenzaron a lanzar arengas a favor del presidente ecuatoriano Rafael Correa con frases como "Correa solidario", "Correa amigo", a fin de congraciarse con la población de Huaquillas.
Los manifestantes pidieron a los policías ecuatorianos que les permitieran quedarse media hora.

La tensión se apoderó de la zona, pues personas que acuden a la frontera, al ver gran cantidad de policías y militares, empezaron a gritar "¡guerra, guerra!", pero la situación se calmó sin mayores incidentes.
(Xinhua)
16/07/2007