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El ex mandatario de Bolivia, Gonzalo Sánchez, y siete de los ministros que lo acompañaron en su recortada gestin (2002-2003) fueron acusados formalmente por el cargo de genocidio, informaron el día 17 fuentes de la Fiscalía General, con sede en la ciudad boliviana de Sucre.
Los ex ministros acusados son: José Sánchez, Jorge Berindoague, Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Javier Goitia, Guido Moscoso y Hugo Carvajal.
También figuran varios ex militares: los ex generales Roberto Claros, Gonzalo Rocabado, Juan Veliz, Luís Aranda y José Quiroga.
La denuncia se refiere al estallido social ocurrido en las ciudades occidentales de El Alto y La Paz, entre septiembre y octubre de 2003, cuando el pueblo se opusó, entre otras cosas, a la posible exportación de gas natural por territorio chileno hacia Estados Unidos.
Los militares y policías se enfrascaron, a lo largo de 45 días, con los pobladores, en un saldo de 68 civiles muertos y más de 400 heridos.
El tema concluyó con la renuncia al gobierno de Sánchez el 17 de octubre de 2003, luego de 14 meses de ser investido mandatario, y se refugió desde entonces en Estados Unidos
Luego de que el Congreso autorizara el juicio de responsabilidades, el 14 de octubre de 2004, se afrontó una serie de obstáculos como la inexistencia de un procedimiento para llevar adelante el proceso, para lo cual el Poder Judicial facilitó superar el mismo a través de resoluciones y autos.
La segunda etapa fue la acumulación de diferentes procesos que se habían presentado en La Paz, abiertos por diferentes sectores que pedían justicia para los fallecidos, heridos, viudas y huérfanos de los caídos de la masacre de octubre de 2003.
Como tercera etapa se hizo la toma de declaraciones informativas de todos los presuntos involucrados y acusadores, para reconstruir los hechos por los cuales son acusados varios ex dignatarios de Estado, en total se escuchó a 2.500 personas que emitieron sus testimonios.
Asimismo, se recolectaron más de 10.000 documentos de prueba suficiente para respaldar la acusación del Ministerio Público, para convencer al Tribunal Supremo sobre la existencia de delitos como masacre sangrienta.
El siguiente paso es la etapa de preparación de juicio, que dura entre 30 y 60 días, por la Sala Plena de la Corte Suprema que deberá notificar a las partes, las víctimas y los imputados. (Xinhua)
18/10/2007
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