Colombianos eligen a gobernadores y alcaldes

Los colombianos eligen el domingo a 18.527 funcionarios públicos regionales tras una campaña electoral que cobró la vida de 29 candidatos por la presión armada guerrillera y paramilitar.

Entre los cargos en disputa se encuentran las gobernaciones de 32 departamentos, 1.098 alcaldías y los escaños de las asambleas departamentales, concejos municipales y ediles de juntas comunales.

Para estas elecciones se inscribieron 86.449 candidatos, 12 por ciento más que en los comicios de 2003, cuando 77.036 ciudadanos colombianos aspiraron a estos cargos.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior y de Justicia, más de 27 millones 580.000 colombianos están habilitados para votar.

Para ello, la organización electoral ha dispuesto 80.754 mesas distribuidas en las 9.988 estaciones de votación en todo el país.

La votación de hoy comenzó a las 8:00 horas locales y terminará a las 16:00 horas.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), los comicios, que son supervisados por los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), no sólo han dejado 29 aspirantes muertos, sino que otros nueve fueron secuestrados y 91 amenazados de muerte.

El ministerio del Interior y Justicia atribuye a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la autoría de 10 de los asesinatos de candidatos.

La MOE destaca que de los 29 candidatos asesinados, siete fueron de la oposición y los restantes 22 de los partidos que conforman la coalición que apoya al gobierno del presidente Alvaro Uribe.

La fuerza pública dispuso de unos 150.000 efectivos militares y policiales para labores de control, ante la posibilidad de que los grupos guerrilleros y ultraderechistas afecten la jornada electoral, especialmente en apartadas localidades.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, más de la tercera parte de los 1.098 municipios colombianos están expuestos a sufrir perturbaciones por parte de la guerrilla y los paramilitares.

El estudio señala que en más de 400 localidades, la mayoría de ellas ubicadas en el suroeste del país, hay riesgo de que se produzcan amenazas y atentados por parte de los grupos armados.

Con el fin de recoger las denuncias y prestar asesoría a los candidatos y ciudadanía en general, la Defensoría del Pueblo desplazó a 300 funcionarios, organizados en 35 oficinas a lo largo del territorio nacional. (Xinhua)
29/10/2007