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Como un "gran día para Chile", la presidenta Michelle Bachelet calificó el día 13 la firma del acuerdo alcanzado con la oposición derechista para llevar adelante la reforma de la educación.
Hablando en La Moneda, donde se concretó el compromiso, la mandataria destacó el hecho de que las fuerzas políticas hayan puesto por delante "el interés nacional y entendemos que todos estamos trabajando para todos los chilenos".
El objetivo básico de la reforma es elevar la calidad de la enseñanza, cuyas falencias motivaron la gran movilización nacional de los estudiantes de secundaria el pasado año pidiendo una nueva ley de educación, la que fue apoyada por todos los sectores del país.
En un plazo máximo de un año, el gobierno deberá enviar el proyecto de ley al Congreso, que entre sus puntos centrales establecerá el respeto al lucro, con algunas condiciones; restringe los procesos de selección de alumnos y propone una nueva reforma constitucional.
Pese a que las directivas de los partidos Socialista y Demócrata Cristiano, de la alianza gobernante, respaldaron el texto concordado entre el gobierno y los dos partidos de la oposición, fuentes oficialistas admitieron que hubo concesiones importantes como el lucro y la selección de los alumnos por parte de los centros privados.
Solamente el Partido Radical Socialdemócrata, también oficialista, expresó su desacuerdo con el texto y dijo que no apoyará una reforma establecida a puertas cerradas.
Bachelet y los dirigentes de todos los partidos se tomaron las manos y las alzaron en señal de unidad, algo insólito en Chile, tras lo cual la mandataria dijo a viva voz "todos trabajamos por Chile".
Para la presidenta este es el primer paso del "pacto social", al que ha llamado a construir.
El "pacto hoy se expresa claramente en este protocolo de educación, que estamos trabajando fuertemente en seguridad ciudadana, en transparencia y probidad y que quisiéramos por cierto ir avanzando hacia otros temas, como el tema provisional, la reforma al sistema electoral entre otros", explicó.
En esta línea explicó que el gobierno ha trabajado en el "pacto social", mediante el diálogo y convocando a los actores sociales y políticos, "pero, a la vez, hemos sido generosos en aceptar nuestros puntos de vistas y buscar el mejor acuerdo en materia educacional".
ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ACUERDO
-- Se modifican los ciclos educativos, acortando a 6 años la Educación Básica y ampliando a igual número la Enseñanza Media. Los dos últimos años de la etapa secundaria, serán cursos de especialización científica, humanista o técnico profesional.
-- Los procesos de selección deberán ser transparentes e informados. Se deberán publicar número de vacantes, los plazos, el tipo de pruebas, los montos, las condiciones de pago y de forma clara el proyecto educativo.
Las listas de seleccionados en todo tipo de colegios, tendrán que ser publicadas y los padres de los niños que no son aceptados deberán conocer las pruebas rendidas por sus hijos y obtener una explicación.
-- Los establecimientos que reciben financiamiento público -este es el caso del Instituto Nacional-, sólo podrán seleccionar por mérito a partir del actual Séptimo Básico, mientras que en los primeros años básicos no se podrá seleccionar por mérito académico, por el potencial de rendimiento futuro del niño ni por situación socioeconómica, pero sí por el proyecto educativo que tenga el establecimiento educacional.
-- Las creencias religiosas sí serán un factor de selección para los establecimientos dependientes de congregaciones religiosas, en caso que no quieran recibir a menores de otro credo, aunque puede darse preferencia a hermanos de alumnos o hijos de ex alumnos del colegio.
-- Los sostenedores de colegios podrán obtener ganancias, pero con algunas condiciones como ser personas jurídicas con la educación como giro único y estar a cargo de personas que tengan estudios superiores y no sólo enseñanza media, como hoy.
-- Crea una Agencia Aseguradora de la Calidad y una Superintendencia de Educación.
-- La calidad de la educación será evaluada con visitas inspectivas cada dos o más años dependiendo del colegio.
-- El 70% del tiempo de clases se destinará a las bases curriculares que establece el Ministerio de Educación y un 30% a innovación.
-- Se reemplazará el actual Consejo Superior de Educación por un Consejo Nacional de Educación, compuesto por 10 personas, de las cuales cuatro deben ser aprobadas por el Senado, tres serán nombradas por el Ejecutivo y un número similar corresponderá a representantes del mundo académico.
-- Crea un Banco de Planes y Programas que permitirá que los establecimientos más pequeños puedan contar con recursos para implementar propuestas educativas probadas y exitosas.
REEMPLAZAR LA LEY DE EDUCACION PROMULGADA POR PINOCHET
Durante más de un año, el gobierno y la oposición habían presentado iniciativas legislativas para reemplazar a la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual fue promulgada durante el régimen militar de Augusto Pinochet, que estableció la privatización de la educación.
La idea era desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad de la enseñanza, la cual había recibido constantes críticas, tras los bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales, así como crear una nueva estructura institucional para mejorar el equilibrio entre autonomía y control del sistema de educación.
El acuerdo posibilita un nuevo equilibrio y concentra el esfuerzo del Estado en el control de los resultados de los establecimientos subvencionados e impone sanciones que pueden significar la revocación del reconocimiento oficial o la pérdida del derecho a recibir la ayuda educacional si no se satisfacen los definidos rendimientos estudiantiles.
La creación de una Agencia Aseguradora de la Calidad y una Superintendencia estatal de Educación, a juicio de analistas locales, representan un aspecto novedoso y básico para asegurar la elevación de la calidad de la enseñanza, tanto en los colegios públicos como privados.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los partidos que lo apoyan y la oposición derechista puede calificarse como un éxito de la presidenta Bachelet, pese a mantener el derecho a lucrar con la educación, y al parecer fue "lo máximo posible" que pudo alcanzar en las negociaciones. (Xinhua)
14/11/2007
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