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La Procuraduría de Colombia solicitó el día 15 al presidente Alvaro Uribe que lidere una investigación para esclarecer la filtración de una guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cursos de inteligencia militar, al parecer ayudada por uniformados.
El procurador encargado, Carlos Gómez, explicó que la iniciativa es un mecanismo excepcional para proteger la institucionalidad, debido a que el caso "toca las fibras más sensibles de la inteligencia" militar.
"El presidente como conductor de la fuerza pública tiene un poder preferente que le permite echar mano y atraer hacia sí una investigación contra cualquier persona vinculada a las fuerzas militares", dijo el funcionario.
Tres generales del Ejército son señalados de recomendar el ingreso de Marilú Ramírez, presunta integrante de las FARC, en cursos de seguridad del Estado en la Escuela Militar, con acceso restringido.
El general en retiro Javier Arias, uno de los implicados, negó que hubiera influido para que la rebelde tuviera acceso a las capacitaciones sobre estrategias de seguridad estatales; sin embargo, aseguró que su nombre aparece en la hoja de vida de Ramírez sin su consentimiento.
"Ella me llamó y me dijo que quería ingresar a la Escuela, yo no le di ninguna referencia, pero ella me puso como referencia en la solicitud para hacer el curso", afirmó el ex comandante de la Cuarta División del Ejército.
El subprocurador aclaró que el ministerio público respeta la competencia del ministerio de Defensa para realizar las respectivas investigaciones, pero advirtió que "ejercerá una vigilancia en relación con los funcionarios que pudieron haber cometido una omisión al permitir este tipo de infiltraciones".
El director del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec), general en retiro Eduardo Morales, también es cuestionado por este escándalo, luego que legisladores lo acusaron de borrar información que demostraba su vinculación con Ramírez.
"La señora Marilú Ramírez fue incorporada en enero de 2006 al Inpec bajo contrato de prestación de servicios, cuando aún no me encontraba en la entidad", alegó el general retirado.
Ramírez, capturada en octubre pasado junto a cinco personas más en Bogotá, es acusada de concierto para delinquir y rebelión, por la planeación de atentados en la capital a nombre de las FARC.
En Colombia, las fuerzas militares y policiales son cuestionadas por violar los derechos humanos, actuar en conjunto con ultraderechistas y fabricar montajes de atentados para recibir aceptación o mostrar a civiles como ilegales muertos en combates.
El paramilitarismo y el narcotráfico filtraron todas las capas militares desde la década de 1980, según investigaciones del ministerio de Defensa de Colombia, que aún no concluyen.(Xinhua)
16/11/2007
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