Marcha no es contra el gobieno, afirman en Colombia

Los organizadores de una marcha en Colombia y otras ciudades del mundo en solidaridad con las víctimas de paramilitares y agentes estatales descartaron el día 15 que la movilización sea contra el gobierno.

Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, celebró las garantías del gobierno para que la marcha, del próximo 6 de marzo, se realice en un clima de seguridad ante las amenzas de extremistas de derecha.

En declaraciones a la prensa, Cepeda exhortó al gobierno a que se pronuncie sobre las desapariciones y asesinatos de civiles atribuidos a fuerzas estatales, sean policiales o militares.

"Saludamos que el gobierno se haya pronunciado en términos de dar garantías para que se dé el respeto a la marcha", expresó Cepeda.

"Hemos sido claros al decir que (la movilización nacional e internacional) es en pro de las víctimas y no contra las fuerzas militares de Colombia. Respetamos y valoramos la acción que cumplen esos servidores públicos", apuntó.

Hace días, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que la marcha tendría la aprobación del gobierno si los convocantes aclaraban que la movilización no era contra los policías y soldados, sobre quienes pesan acusaciones de crímenes de estado.

Según defensores de derechos humanos, al menos 950 personas fueron asesinadas por agentes estatales y los crímenes jamás fueron atendidos por el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

"Creemos que deben ser erradicadas las desapariciones forzadas, la cifra de 950 ejecuciones fue elaborada por una misión internacional que estuvo en Colombia y tiene documentados esos casos que pusieron en manos del ejecutivo", dijo Cepeda.

"La petición al gobierno es que (el gobierno) se pronuncie y tome cartas en el asunto", agregó.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convocó para el 6 de marzo la marcha a favor de las víctimas de paramilitares y agentes estatales (policiales o militares) mediante internet.

La organización no gubernamental demanda que el gobierno oblige a los paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a que reparen a las víctimas. Las AUC eran un grupo armado clandestino que combatía a la guerrilla.

Las AUC concluyeron su desmovilización en 2006 tras un acuerdo con el gobierno, que les prometió penas leves de hasta de ocho años de prisión si confesaban todos sus delitos y reparaban a las víctimas, lo cual no ha sucedido.

Organizaciones civiles acusan a las AUC de asesinar a cientos de personas con la sola sospecha de que tuvieran vínculos con la guerrilla y de despojar a campesinos de tierras y viviendas.

Cepeda dijo que él ha recibido amenazas de parte de extremistas de derecha a los que no identificó.

Miles de víctimas de los paramilitares figuran entre los desplazados por la violencia en Colombia. Los desplazados viven en la pobreza y la indigencia en las urbes en las que se refugiaron tras huir de la violencia en sus lugares de origen.

Los desplazados incluyen a víctimas de paramilitares y narcotraficantes, así como a personas que abandonaron sus tierras debido a los combates entre el ejército y la guerrilla.

Colombia es el segundo país en el mundo después de Sudán con mayor número de desplazados, al menos dos millones de personas, según Naciones Unidas. (Xinhua)
18/02/2008