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Por Juan Limachi
El conflicto colombiano se extiende hasta las frontera colombo-panameña y genera la preocupación del gobierno de Panamá que, en previsión de más enfrentamientos como los ocurridos el viernes pasado, reforzó el cuerpo de guardafronteras en esta zona conflictiva.
La reacción del gobierno de Panamá se dio luego que confirmó que fuerzas policiales panameñas que iban en una lancha patrullera, el viernes, en el océano Pacífico, a la altura de la población de Jaqué, provincia de Darién, se enfrentaron con seis presuntos guerrilleros colombianos y los capturaron.
El enfrentamiento dejó cuatro colombianos y un policía panameño heridos.
El ministerio de Gobierno y Justicia ordenó patrullas fronterizas para controlar completamente el área y reforzó sus efectivos para evitar que los grupos irregulares pasen las líneas fronterizas.
Según las autoridades, los presuntos guerrilleros, tres de los cuales se encuentran en el hospital Santo Tomás de la capital panameña, venían a este país a matar a un grupo de personas que habían traicionado a su organización.
También se tejen versiones extraoficiales de que este comando quería secuestrar a un empresario colombiano alojado en un hotel situado en la población de Piña, pero se quedaron varados por falta de gasolina, antes de llegar al hotel.
El subdirector de la Policía Nacional, Jaime Ruiz, afirmó que la situación en Jaqué está controlada, y no dio mayores detalles sobre el destino de los guerrilleros que se encuentran en manos del gobierno panameño.
La zona fronteriza panameña prácticamente es tierra de nadie debido a su inaccesibilidad, por la existencia del llamado Tapón del Darién, que cubre 597.000 hectáreas de selva virgen, que se ha convertido en santuario de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Pese al deseo de Colombia de abrir esta barrera, la oposición panameña ha sido firme, alegando razones ambientales, de seguridad nacional y hasta de carácter sanitario, pero hay otros intereses.
Esta zona fue declarada en 1980 Parque Nacional Protegido, y en 1983 la Unesco lo reconoció como patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera, debido a la riqueza forestal, animal e hídrica que guarda en sus entrañas.
Otra de las razones es que Estados Unidos se opone a la construcción de la vía a través del Darién por razones estratégicas, el daño que se hará a la biodiversidad y también se habla de una propuesta de canje de deuda por naturaleza.
Panamá firmó en 2005, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, un acuerdo por 11 millones de dólares, que consiste en que parte de la deuda externa se cambia por la entrega del Darién en fideicomiso para ser administrada por la organización The Nature Conservancy.
El alcalde de la ciudad de Panamá, Juan Carlos Navarro, también reiteró su férrea oposición a la apertura del Tapón del Darién a través de una vía que una a ambas repúblicas, por razones ambientales y de seguridad.
"Mientras esté vivo yo me opondré a que se abra el Tapón del Darién, por todos los perjuicios ambientales que conlleva esa decisión", dijo Navarro con vehemencia antes de ser alcalde, cuando era director de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon)
Mientras en los pasillos políticos se tejen y entretejen estas marañas legales, en la montañosa población de Jaqué, que tiene una población de 2.000 habitantes panameños, cerca de 500 desplazados colombianos viven como refugiados de una guerra que nunca termina.
Recientemente, un grupo de 400 colombianos residentes en la ciudad de Panamá participaron en una jornada de protesta contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convocada por la embajada colombiana y la asociación de colombianos en este país.
El dirigente de la Asociación de Colombianos Residentes en Panamá, Jorge Nieto, afirmó que uno de los objetivos de esta manifestación fue rechazar las operaciones de secuestro que practica esta organización guerrillera para financiar sus actividades.
Según estimaciones de esta asociación, cerca de 30.000 colombianos residen en este país centroamericano y la mayoría llegó huyendo de la guerra civil.
La Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) recientemente dejó saber su preocupación por la situación precaria y de pobreza en la que viven las víctimas del conflicto colombiano en medio de la pobreza.
La inmigración de colombianos a Panamá no es nueva; utilizando todo tipo de medios, ciudadanos de esa nacionalidad pasan las zonas fronterizas de esta nación en busca de paz y trabajo.
En este conglomerado de inmigrantes también pasan miembros de organizaciones al margen de la ley, insurgentes, paramilitares, narcotraficantes y tratantes de blancas, entre otros.
Debido a la ola de violencia delictiva y de drogas, en la que se involucran colombianos, el presidente Torrijos recibió poderes extraordinarios de la Asamblea Nacional para legislar en esta materia, y crear el Servicio Nacional de Migración para mejorar el control migratorio. (Xinhua)
27/02/2008
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