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Un acomisión legislativa conformada por cinco diputados chilenos de la coalición de gobierno analiza a partir del día 11 la acusación constitucional presentada por la oposición en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste.
Los diputados elegidos son Raúl Sunico, del Partido Socialista; René Alinco, Jaime Quintana y Eugenio Tuma, del Partido Por la Democracia; y Samuel Venegas, del Partido Radical Socialdemócrata.
Esta composición favorece a un análisis con base en el mérito jurídico, como lo solicitó el gobierno, sin el enfoque político planteado por los partidos derechistas de Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.
La comisión revisará la acusación constitucional para determinar si procede el escrito interpuesto por 10 diputados de los dos partidos derechistas, quienes cuestionan el rol de la ministra Provoste en las irregularidades por el pago de subvenciones escolares.
La Constitución establece ese recurso para casos excepcionales, cuando un ministro de Estado ha comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
Esta acusación apunta a que la Contraloría encontró serias irregularidades en la entrega de subsidios estatales en las escuelas privadas subvencionadas por el Estado, con la malversación de unos 262.000 millones de pesos (más de medio millón de dólares).
De acuerdo con el cronógrama previsto, la ministra será notificada de la existencia del escrito esta semana y a partir de ese momento tendrá 10 días para presentar su defensa, por escrito o personalmente ante la comisión.
La comisión tendrá después un plazo de seis días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella.
La última sesión se levantará cuando finalicen todas las votaciones a que haya lugar.
El informe final contendrá una relación de las actuaciones y diligencias practicadas por la comisión, una síntesis de la acusación, de los hechos que le sirvan de base y de los delitos, infracciones o abusos de poder que se imputen, además de una relación de la defensa de la acusada, un examen de los hechos y de las consideraciones de derecho.
En caso de que sea aprobada una acusación en la Cámara de Diputados, deberá comunicarse al Senado, que actuará finalmente como un juez, de lo contrario la ministra seguiría en su cartera.
Este lunes la presidenta chilena Michelle Bachelet reiteró que "no hay ningún fundamento para una acusación desde el punto de vista jurídico y ésta es estrictamente una acusación de tipo político, pensando en sacar pequeños beneficios electorales, porque para algunos las elecciones municipales ya partieron".
"No nos dejemos marear por el vértigo de hacerle pagar un costo político al gobierno, porque al final el costo lo asume nuestra gente", subrayó la mandataria.
Provoste también se refirió al asunto y dijo que si bien la razón y la justicia la amparan, "acá hay otras intenciones y eso el país lo va a juzgar con extrema severidad" y recordó que fue el Ministerio de Educación y no la oposición la que en 2006 llevó a los tribunales de justicia a quienes estaban cometiendo actos de ilegalidad.
En un hecho inusual, el ex presidente Ricardo Lagos se involucró en la polémica sobre la acusación constitucional contra Provoste y acusó a la derecha de montar "una campaña sincronizada que le hace mal a Chile".
"Lo más serio es que con este tipo de acusaciones se está haciendo un Chile crispado, que no es el que todos queremos. Lo más serio es que en verdad no hay elementos jurídicos para ello y llevar una acusación constitucional es trastocar lo que son las instituciones básicas de la República, me parece muy grave", argumentó Lagos. (Xinhua)
12/03/2008
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