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Por estos días se cumple el plazo dado por Naciones Unidas a Chile para que informe sobre la situación de los pueblos indígenas y el establecimiento de responsabilidades directas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
En marzo de 2007 el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo ver al gobierno chileno una serie de incumplimientos en estas materias, tras lo cual fijó para marzo de este año la entrega de la información.
El gobierno aspira integrar dicho comité, sinb embargo algunas organizaciones nacionales de Derechos Humanos han impugnado su candidatura, al considerar que el país exhibe bajo cumplimiento de los tratados en estas materias que han sido ratificados y están vigentes en el país.
Entre ellos se encuentra la no suscripción de protocolos facultativos, así como de instrumentos que procuran fortalecer el resguardo de derechos esenciales de la persona y la sanción ejemplar de crímenes de lesa humanidad, como la Convención de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.
Las organizaciones han presentado múltiples denuncias de derechos humanos ante los comités de la ONU y el Sistema Interamericano en el ámbito regional.
El comité ha señalado que el Estado está obligado a "vigilar que las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la dictadura no permanezcan impunes; en particular, garantizando la acusación efectiva de los responsables sospechosos".
"Deben tomarse medidas adicionales para fincar responsabilidades individuales" y, en los casos de personas condenadas por tales actos, "examinar sus aptitudes para ejercer funciones públicas".
Dea cuerdo con los analistas locales, el proceso de transición democrática implantado en Chile a partir de 1990, marcado por la "reconciliación", no sólo ha entibiado la búsqueda de verdad y justicia con el paso del tiempo, sino que el Estado ha establecido la censura como método de impunidad.
Las organizaciones argumentan que los testimonios entregados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, contenidos en el informe que pasaráa la historia como "Informe Valech", fueron decretados como secretos en 2003 por el gobierno del ex presidente chileno Ricardo Lagos por un lapso de 50 años.
Los chilenos podrán conocer en detalle estos graves hechos relatados y, lo que es aún más importante, los nombres de los responsables directos de los vejámenes, hasta el año 2053.
El propio comité indicó que el Estado debe hacer pública toda la documentación colectada por la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, susceptible de contribuir a la identificación de aquellos responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura".
Según cifras oficiales, unas 40.000 personas fueron objeto de torturas por los órganos represivos del régimen militar, que asesinaron a más de 3.000 personas, además de 1.200 desaparecidos.
En los últimos 18 años los gobiernos democráticos chilenos han impulsado el tema de los derechos humanos mediante iniciativas legales, muchas de las cuales no han prosperado por la oposición de derecha que apoyó a Pinochet y ha intentado evitar los juicios a asesinos y torturadores.
Solamente una treintena de represores están condenados y cumplen prisión, entre ellos el general Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), mientras que en proceso judicial se encuentran unos 300 uniformados. (Xinhua)
24/03/2008
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