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El gobierno colombiano admitió el día 21 que la imagen del país se deteriora por escándalos sobre corrupción y relaciones del legislativo con grupos paramilitares, aunque descartó que el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos pueda verse afectado.
"Lo que ocurre en Colombia afecta su imagen internacional, por eso nuestro compromiso es mostrar la realidad de lo que ocurre, y el gobierno de Estados Unidos conoce la aplicación de la justicia en el país", dijo el canciller Fernando Araújo.
Las declaraciones ocurren en medio de dos escándalos que cuestionan la legitimidad de la reelección del presidente Alvaro Uribe, así como la honestidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, Mario Iguarán.
Araújo admitió que existen naciones que desconocen los perjuicios que procuraron los paramilitares y el narcotráfico en los diferentes sectores del país, pero confió en que la campaña del ejecutivo servirá para aclarar los cuestionamientos.
El TLC entre Colombia y Estados Unidos, firmado en noviembre del 2006 por los gobiernos de ambos países, no obtiene aún la aprobación del Congreso estadounidense debido a la oposición de los congresistas demócratas.
Los legisladores estadounidenses que se oponen al acuerdo comercial critican la violación de derechos humanos en Colombia, especialmente los derechos de sindicalistas y desplazados.
Tambien exigen resultados de las políticas para solucionar la crisis que deja en este país andino el conflicto armado, y para reducir cifras de sindicalistas asesinados.
Uno de los efectos de la filtración de paramilitarismo y narcotráfico precisamente es el cuestionamiento que hay sobre los servidores públicos en general, cuyos vínculos con ilegales son denunciados por los ultraderechistas que se desarmaron en 2006.
El fiscal Iguarán dijo que no existan elementos que comprueben nexos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con paramilitares, como denunciara el ultraderechista narcotraficante alias "Macaco".
"Macao" cuyo nombre verdadero es Carlos Jiménez, es uno de los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que será extraditado a Estados Unidos, por continuar delinquiendo desde los centros de reclusión pese a los acuerdos del desarme.
El titular del ente investigador y acusatorio del estado colombiano reveló que iniciará una decidida pesquisa para dar con los responsables de un supuesto complot para afectar la institucionalidad en el país y hacer recaer sobre ellos todo el peso de la ley.
La ex legisladora Yidis Medina también será objeto de una investigación por el delito de "cohecho", tras revelar que votó en el Congreso a favor del proyecto que revivió la figura de la reelección del presidente de la República tras acordar beneficios por ello.
Medina admitió a medios de comunicaciones locales que el presidente Uribe y altos funcionarios le ofrecieron prebendas para que votara a favor de la ley que posibilitó al gobernante permanecer en el poder cuatro años más.
Entre los afectados con las declaraciones se encuentran Iguarán, el embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, quien acusó a Medina de hacer propaganda a un libro que publicará sobre el caso.
Iguarán dijo que pedirá al periodista Daniel Coronell el video original que contiene la entrevista que realizó a la ex legisladora y advirtió que el delito por el que sería acusada puede darle hasta ocho años de cárcel.
Los escándalos se suman al reconocido caso de la "parapolítica" (nexos de políticos con paramilitares) y que denota en Colombia los vínculos de cientos de servidores públicos con grupos paramilitares y algunos con guerrilleros.
La "parapolítica" deja a 30 congresistas encarcelados y a cientos de funcionarios y uniformados investigados o destituidos por desviar dineros a las AUC, por recibir apoyo económico a cambio de enarbolar sus ideales y actuar en acciones criminales.
Las AUC surgieron para combatir las guerrillas que desde la década de los 60 años defendieron las tierras de los campesinos que eran usurpadas por terratenientes y ganaderos, pero unos y otros se convirtieron en ejércitos criminales que se financian con narcotráfico y secuestro. (Xinhua)
22/04/2008
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