|
Paros, tomas de colegios y universidades, marchas, protestas y cierres de calles son algunos de los conflictos anunciados para esta semana por estudiantes, profesores, trabajadores y algunos gremios vinculados al transporte público, anticipando un complejo escenario para el gobierno chileno.
Además, la presidenta Michelle Bachelet tendrá que enfrentar el desafío creado por los diputados de gobierno y de oposición con los múltiples reclamos y nuevas exigencias para aprobar cuatro iniciativas legales que resultan vitales para su administración.
Estos proyectos se refieren a la inyección de 1.000 millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), el reajuste del salario mínimo, el proyecto de la nueva Ley General de Educación y el subsidio permanente para el sistema de transporte capitalino o Transantiago, además de los recursos adicionales que contempla para las regiones.
El problema es que, tanto los parlamentarios oficialistas como los de la oposición tienen visiones encontradas, y los distintos actores vinculados al debate están implementando medidas de presión para orientar a su favor las resoluciones finales.
Los profesores iniciaron esta mañana un paro nacional que comenzó con un acto en la Plaza de Armas de Santiago, al que asistieron más de 15.000 personas, para exigir el retiro del Congreso del proyecto de Ley General de Educación, argumentando que no satisface todos sus requerimientos.
A éste se sumaron los estudiantes secundarios que mantienen tomadas varias decenas de colegios y universidades, incluyendo la estatal Universidad de Chile, para pedir el fin del lucro privado en la educación y la eliminación del pase escolar.
Además, están preparando una gran manifestación en Valparaíso que lleva por nombre "Puertazo por la Educación", la que tendría lugar el miércoles, con marcha incluida hasta el Congreso Nacional, para que no se apruebe la nueva ley de Educación.
Paralelamente, están los desencuentros protagonizados por el gobierno y la oposición ante el incumplimiento del acuerdo sobre educación que suscribieron ambas partes el año pasado, al que ahora el gobierno intenta introducir cambios, como la ampliación de la educación pública.
También los trabajadores de taxis colectivos anunciaron para hoy una serie de protestas callejeras, e incluso están evaluando cercar con sus vehículos el Congreso en Valparaíso, para exigir al gobierno que les entreguen los mismos beneficios otorgados a los camioneros en el Fondo de Estabilización del Precio a los Combustibles (FEPC).
Este tema es muy complejo para el gobierno, ya que necesita aprobar esta iniciativa legal, porque la próxima semana cesan las funciones del parlamento y los beneficios contemplados en el proyecto del FEPC deben regir a partir del 1 de julio.
Ya varios senadores advirtieron que incluirán otras medidas a dicho proyecto, como la rebaja del impuesto específico de los combustibles, y para ello el gobierno necesita tiempo para negociar.
Por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) advirtió que si no hay acuerdo en la negociación del salario mínimo realizará un paro nacional, tal como ocurrió el año pasado.
La decisión deberá concretarse esta semana, porque el reajuste entrará en vigencia el 1 de julio, por lo cual el proyecto debe ser votado entre martes y miércoles en el Congreso, y hasta ahora las posiciones están bastante alejadas.
La multisindical pide un sueldo mínimo de 162.000 pesos (324 dólares), lo que equivale a un aumento de 12,5 por ciento, mientras que el gobierno está pensando en un reajuste cercano al 7 por ciento, por lo que resultarán claves las conversaciones que tendrán hoy todos los actores involucrados.
Finalmente, el ministro de Transporte, René Cortazar, participará mañana en las sesiones de comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para argumentar y defender el proyecto de ley que inyecta nuevos recursos al Transantiago y a las regiones. (Xinhua)
17/06/2008
|
