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Diversos países de América Latina manifestaron el día 19 su rechazo a la llamada "Directiva Retorno", que regula la detención y expulsión de inmigrantes ilegales en la Unión Europea (UE).
En La Paz, el presidente boliviano Evo Morales anunció una campaña internacional para pedir apoyo de los países americanos y africanos contra la directiva de retorno de inmigrantes ilegales de la Unión Europea.
En un encuentro con corresponsales, el mandatario dijo: "Pido a los presidentes de Europa y al Parlamento Europeo que no cometan una agresión contra la humanidad y la vida. Lo que están haciendo es gravísimo".
El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó el miércoles la llamada "Directiva Retorno", sin la serie de enmiendas propuestas por los partidos de centro e izquierda.
La polémica norma permitirá la detención en centros especiales por hasta seis meses, ampliables a un año y medio, de los inmigrantes ilegales que se nieguen a dejar el territorio europeo voluntariamente en un plazo de 30 días.
Tras la deportación, a esos inmigrantes se les prohibirá entrar a cualquier país del bloque comunitario durante los siguientes cinco años.
Con la nueva directiva, se detendrá y repatriará a menores de edad sin compañía, con la condición de que la nación que los expulse tenga garantías de que algún familiar o institución se hará cargo del menor en su país de origen.
Argentina también rechazó la aprobación de la iniciativa europea que sanciona a los inmigrantes ilegales que se encuentren en territorio de la UE.
A través de un comunicado firmado por el canciller Jorge Taiana, publicado hoy por la prensa local, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández sostuvo que "lamenta los términos de la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento de la Unión Europea".
Afirmó que "la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano".
Los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones (CAN, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) expresaron este jueves a la Comisión Europea (CE), a través de una carta, su preocupación por la Directiva Retorno, informó la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano.
El titular de ese grupo legislativo, Alejandro Aguinaga, dijo que los cancilleres solicitan que se reconsidere la decisión, que resulta contraria a los acuerdos suscritos en la Declaración de Lima, de mayo pasado, sobre protección a inmigrantes latinoamericanos, y emitida tras la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE).
Los ministros firmantes son David Choquehuanca de Bolivia, José García Belaúnde de Perú, María Salvador de Ecuador y Fernando Araújo de Colombia.
El gobierno de Guatemala, a través del vicecanciller Miguel Angel Ibarra, dijo que la decisión tomada la víspera viola los derechos de los inmigrantes y afecta de forma directa a los países de América Latina, que deben unirse para pedir a la UE que modifique esa disposición.
El diplomático guatemalteco dijo que la directiva "afecta más a otros países de la región que tienen mucho más ciudadanos que viven en Europa, pero somos solidarios y nos uniremos a un llamado internacional para que se reconsidere la decisión".
Por su parte, el vicecanciller hondureño Eduardo Enrique Reina, dijo este jueves que la decisión del PE es "preocupante", porque hasta ahora la UE aplicaba una política más benevolente con los inmigrantes de América Latina, "aunque sus 27 países miembros no tenían una política unificada".
Destacó que ahora han aplicado una directriz de endurecer medidas, "algo que es altamente preocupante, porque además se considera la inmigración como un posible delito".
El miércoles, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que "es una vergüenza lo que ha hecho Europa".
"¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país"? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?", preguntó.
El mandatario anunció que emprenderá acciones regionales en busca de apoyo para rechazar la directiva contra los inmigrantes ilegales latinoamericanos.
Brasil, por su parte, consideró que la directiva sobre el retorno de inmigrantes ilegales siembra "una percepción negativa de la migración".
El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que "la decisión va en sentido contrario de una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y de una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".(Xinhua)
20/06/2008
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