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El alza de los precios de productos agrícolas y de petróleo se parece a una “manzana de oro”, que se ve bastante atractiva, pero también puede traer problemas. Con respecto a esto, Argentina, un gran país agrícola, últimamente ha experimentado profundamente lo que es esto. A medida de que el proyecto de ley sobre el sistema de impuestos flotantes a los productos agrícolas presentado por el gobierno fue rechazado el día 17 por el Parlamento, las disputas entre el gobierno y el sector agrícola han terminado temporalmente.
En marzo pasado, el gobierno argentino anunció la vigencia de un sistema de impuestos flotantes sobre la exportación de productos agrícolas, elevando así en grandes márgenes los impuestos de exportación de los productos agrícolas. Conforme al nuevo sistema impositivo, los agricultores argentinos tienen que entregar al Estado unos 50% de los ingresos agrícolas. Una vez entrada en vigencia la política, provocó gran descontento del sector agrícola.
En la confrontación entre el gobierno y los agricultores, la gente de las capas sociales superiores apoya en su mayoría al sector agrícola y no pocos medios de comunicación simpatizan con los agricultores. Y, al mismo tiempo, han surgido graves problemas en la economía argentina, la tasa inflacionaria se ha elevado constantemente y Argentina ha llegado a ser uno de los países latinoamericanos de mayor riesgo para la inversión.
Frente a las protestas y las críticas de los medios de comunicación, el gobierno argentino reajustó su táctica en el pasado mes de junio, sometiendo a la aprobación por el Parlamento el nuevo sistema impositivo puesto en vigencia a través de una orden administrativa. A criterio del gobierno, como la alianza gobernante ocupa la mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no sería difícil lograr la aprobación del proyecto. Pero lo inesperado fue que no pocos parlamentarios de la alianza gobernante también sostienen que el excesivo impuesto perjudicará al desarrollo económico, de modo que el proyecto de ley fue aprobado por mayoría exigua en la Cámara de Diputados. El proceso de votación en el Senado fue más duro y, finalmente, Julio Cobos, vicepresidente de la República y presidente del Senado, que normalmente no participa en la votación, hizo en el momento clave el decisivo voto en contra, de manera que la lucha entre el gobierno y el sector agrícola que duró más de 120 días terminó con un voto menos.
Esta lucha condujo directamente a la división del gobierno argentino. Económicamente, la huelga nacional causó por lo menos pérdidas directas en miles de millones de dólares e incalculables pérdidas indirectas. Y, lo que es más grave, en medio de esta lucha, la sociedad argentina se dividió en dos bloques en grave antítesis: Uno lo componen las capas sociales medias e inferiores que apoyan al gobierno en su proyecto de aumentar los impuestos y esperan que el gobierno use los impuestos adicionales para elevar el bienestar de los pobres; el otro lo constituyen el sector agrícola y las capas sociales medias y superiores, quienes consideran que el proyecto gubernamental de aumentar los impuestos contendrá seriamente la inversión agrícola y perjudicará al desarrollo de la economía en su conjunto.
Al parecer, lo que trae el alza de los precios de los productos agrícolas en el mercado internacional no se limita al efecto positivo de riqueza, sino que incluye también la lucha por intereses en torno a la distribución de las riquezas. Al igual que Argentina, otros países latinoamericanos, por ejemplo Venezuela, beneficiada por el alza de los precios de petróleo, y Bolivia, beneficiada por el alza de los precios de gas natural, enfrentan problemas similares: Por un lado, el ingreso de divisas aumenta bruscamente y, por el otro, el incremento del capital circulante conduce a problemas continuos a la economía nacional y aumenta constantemente el riesgo inflacionario. América Latina está enfrentando la atracción y prueba de la “manzana de oro”. (Pueblo en Línea)
21/07/2008
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