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Ante la negativa de legisladores derechistas de aprobar nuevos fondos para el transporte público, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet diseñó una estrategia para salvar el proyecto de ley que subsidiaría al Transantiago.
Desde su implementación en el 2006, el Transantiago ha sido caótico porque se inició sin todas las condiciones técnicas y organizativas indispensables, además de no ser rentable para las empresas privadas que lo operan, obligando al gobierno a subsidiarlo con millones de dólares mensualmente.
Si no se aprueba en el congreso el nuevo subsidio, necesariamente subirían las tarifas del pasaje, lo que tiene un alto costo político de cara a las elecciones de alcaldes y concejales de octubre próximo.
El nuevo plan consiste en responsabilizar a la oposición por cualquier alza en las tarifas en Santiago y regiones, abrir un nuevo proceso de negociación con la derecha, apelar a los legisladores de regiones, potenciar la unidad de los diputados oficialistas y entregar plenos poderes de negociación al ministro de Transporte, René Cortázar.
La oposición planteó al menos tres condiciones al ministro para aprobar el proyecto, las que a su juicio no han sido cabalmente cumplidas. Se trata de mejorar el servicio, reducir el déficit operacional (más de 50 millones de dólares en junio) y terminar con la discriminación con regiones a la que no llegan los subsidios.
Las autoridades han denunciado que existe "una política de obstrucción" de la oposición y si la derecha vota en contra del proyecto de subsidio, será la gente que se sube a los buses en Santiago y en regiones la que sufrirá el alza de los pasajes.
El panorama parece difícil para la aprobación del subsidio en el Senado, luego de que los senadores de la Alianza, Andrés Allamand y Jovino Novoa, además de algunos independientes como Adolfo Zaldívar, manifestaran que no respaldarán la iniciativa.
En medio de la polémica por los recursos al transporte público, que se deben votar mañana en la Cámara de Diputados, el senador socialista Camilo Escalona denunció un "inusitado chantaje" de la oposición sobre la materia, tras el rechazo en el Senado del nombramiento en la Corte Suprema del magistrado Alfredo Pfeiffer.
"Queremos advertir a la opinión pública nacional y, en particular, a la ciudadanía de la Región Metropolitana, respecto del inusitado chantaje que estamos observando por parte de la oposición en relación con los recursos de Transantiago", agregó.
Algunos senadores de oposición señalan que el Estado tiene cómo financiar el sistema de transporte sin solicitar recursos al congreso, resaltando la opción del 2 por ciento constitucional que fue planteada hace algunos meses como una de las opciones para financiar el Transantiago.
Consultada sobre la posibilidad de recurrir al 2 por ciento constitucional, la senadora oficialista Soledad Alvear recordó que se utiliza sólo en caso de catástrofes y para el funcionamiento de servicios públicos, precisando que vendría "a solucionar" el tema de la Región Metropolitana, pero no del resto de las regiones de Chile".
A un año y medio de su puesta en marcha, el Transantiago no logra convencer a los usuarios capitalinos y en todas las encuestas desaprueban este plan de transporte por la mala frecuencia de recorridos y el tiempo de espera en los paraderos, que siguen siendo vistas como las principales deficiencias.
Aunque se reconoce que el sistema ha mejorado, la gente considera que aún es deficiente y no responde a sus necesidades. El Transantiago afronta otro serio problema con la evasión del pago por parte de millones de pasajeros.
Expertos señalan que este transporte es tan moderno que, además de presentar serios problemas técnicos, no hay la conciencia ciudadana para su adecuada operación. Hace dos semanas un chofer fue asesinado por un grupo de usuarios que no quisieron pagar el pasaje.
El gobierno dará la batalla en el parlamento, pero le será difícil que logre éxito, y tendrá que buscar otras vías para garantizar que las tarifas del pasaje no suban, como ocurrió el pasado año. (xinhua)
06/08/2008
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