Panamá aprueba proyectos para reformar organismos de seguridad

El Consejo de Gabinete de Panamá, presidido por el presidente Martín Torrijos, aprobó el día 18 dos de los cinco proyectos de ley que reorganizan las instituciones de seguridad pública de este país, en el marco de un acalorado debate en el seno de la sociedad panameña.

El Canciller panameño, Samuel Lewis Navarro, informó que decidieron aprobar dos de los cinco proyectos relacionados con el tema de seguridad y excluyeron del proyecto que crea el Servicio de Nacional de Inteligencia y Seguridad (Senis), las disposiciones que hacen referencia a las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Según el alto funcionario, la revisión del Senis se dio luego de acoger las sugerencias y opiniones que presentaron representantes de 19 organizaciones profesionales, gremiales, medios de comunicación y sectores sindicales, que se oponen a algunos puntos de este proyecto.

Precisó que las disposiciones polémicas del proyecto de decreto ley que crea el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad han sido excluidas debido a la preocupación generada en torno a la posibilidad de que se violen las garantías fundamentales.

De acuerdo al ministro, el Consejo de Gabinete, compartiendo la preocupación de la ciudadanía, optó por retirar estos artículos del proyecto y los someterá a la consideración de la Asamblea Nacional posteriormente.

Lewis Navarro dio a conocer que en la sesión de este lunes el Gabinete también aprobó las reformas al Servicio de Protección Institucional, (SPI) y el decreto ley que introduce reformas al artículo 41 de la Ley de la Policía Nacional (PN).

Precisamente, uno de los temas polémicos aprobados es el proyecto de Ley que introduce reformas para facultar al presidente el nombramiento de un uniformado en el cargo de director general, cuando antes solo se permitía a civiles.

El gobierno panameño asegura que con estas reformas, que se preparan por decreto ley gracias a las facultades otorgadas a Torrijos por la Asamblea Legislativa, se pretende establecer un marco jurídico que permita combatir la delincuencia y el narcotráfico en el país. Fin (xinhua)
19/08/08