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El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo el día 25 que hay un tráfico de testigos en las investigaciones por vínculos entre el sector público y los paramilitares desmovilizados, después que la Corte Suprema de Justicia denunció un complot para desacreditarla.
"En Colombia hay un tráfico de testimonios y eso hay que eliminarlo, este país no se puede quedar tranquilo frente al tráfico de testigos varios", dijo el mandatario en una rueda de prensa.
Las declaraciones se conocieron en medio de un escándalo por encuentros que revelaron periodistas entre funcionarios de la sede de gobierno y desmovilizados que quisieron desvirtuar la transparencia del tribunal en investigaciones por la "para política " (política paramilitar).
El mandatario aclaró que dichas reuniones no fueron puestas en conocimiento público porque la información que entregaron un abogado de alias "Don Mario" y el desmovilizado alias "Job" no fue trascendental para los funcionarios.
"Estos señores del incidente le hacen saber al asesor jurídico Edmundo Del Castillo que tenían pruebas de que investigadores de la Corte manipulan testigos para que acusen al presidente, eso me parece grave, no queremos enlodar a magistrados de ninguna manera, el gobierno no hizo comentarios porque el señor Edmundo encontró información irrelevante, entonces ?por qué íbamos a hacer una denuncia?", cuestionó Uribe.
Según la revista "Semana", los dos sujetos ingresaron varias veces a la Casa de Nariño (sede de gobierno) representando a ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con cintas de reveladoras conversaciones.
Los implicados en el escándalo, Del Castillo y el portavoz del gobierno Cesar Mauricio Velásquez, aseguraron que entregaron las grabaciones al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta de gobierno) para las respectivas desgrabaciones y la directora del organismo, María del Pilar Hurtado, dijo que tal trabajo no se concluyó aún.
El Ejecutivo y la Corte de Justicia mantienen duros enfrentamientos desde que desmovilizados aseguraron que magistrados les ofrecieron beneficios jurídicos a cambio de relacionar a Uribe con paramilitares, afirmaciones que resultaron falsas tras investigaciones.
El llamado "choque de trenes" fue ahondado por denuncias de la ex presidente del Congreso y oficialista Nancy Gutiérrez, quien aseguró tener grabaciones que demuestran intenciones de los jueces de manipular testimonios para acusarla de los mismos vínculos.
La demanda por calumnia que interpuso Uribe contra el ex presidente de la Corte Suprema Cesar Julio Valencia quien denunció que el mandatario buscó interceder por su primo el senador Mario Uribe acusado de nexos paramilitares, es otra de las causas de tal enfrentamiento.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaute, y otros magistrados recordaron los constantes ataques del Ejecutivo a la labor que desempeñan y anunciaron demandas disciplinarias contra funcionarios así como quejas en tribunales internacionales.
El suceso ocurrió en medio de la visita del argentino Luis Moreno, juez de la Corte Penal Internacional (CPI) que llegó a Bogotá para revisar los procesos jurídicos desatados por el pacto de paz entre el gobierno y las AUC.
"Que está de visita la CPI, me parece muy bien aquí no hay nada que ocultar, una de las objeciones es que hay impunidad con la extradición de los ex jefes paramilitares a Estados Unidos, mentiras, y que bueno que se le pueda explicar al señor Moreno que fueron extraditados por un bien público", sostuvo el jefe de Estado.
La fiscalía anunció que iniciará pesquisas para establecer si hay responsabilidades penales por los cuestionados encuentros entre funcionarios y los delegados de alias "Don Berna" y la procuraduría manifestó también disposición similar.
Los sectores de oposición señalaron necesario que la CPI y entes de la Fiscalía se enteren e investiguen sobre el manto de duda que se extiende sobre las investigaciones por la "para política" que encarceló a legisladores y políticos oficialistas.
Uribe también acusó al senador Gustavo Petro del partido opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) de manipular testigos en sus indagaciones para demostrar los nexos del mandatario con paramilitares.
El legislador exigió al gobernante hacer sus denuncias en tribunales y no en los medios de comunicación, y el presidente aseguró que cuenta con grabaciones de desarmados que atestiguan esas aseveraciones.
Los testimonios de los desmovilizados sirven de insumo a la fiscalía y a la Corte para esclarecer los vínculos de la política y otros gremios con el paramilitarismo, y cada nueva revelación desata el rechazo de los involucrados.
Al menos 30 congresistas permanecen en prisiones y cientos de funcionarios y uniformados son investigados, así como empresarios, después de confesiones de ex jefes de las AUC ante jueces de paz, sobre sus relaciones con sectores legales.
Los ex jefes de las AUC que firmaron la paz con Uribe en 2006, fueron enviados a EE.UU para que respondan por delitos relacionados con narcotráfico y después que se comprobó que delinquieron tras el proceso de paz. (Xinhua)
26/08/2008
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