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El denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a frentes cívicos y prefectos (gobernadores) de derecha, resolvió el día 3 radicalizar sus medidas contra el gobierno del presidente Evo Morales.
Las medidas van desde masificar el bloqueo de caminos hasta la amenaza de cortar la venta de gas al exterior, en demanda de la restitución del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) descontado para el pago de la renta Dignidad, destinada a personas mayores de 60 años que no cuentan con jubilación.
Los derechistas invitaron a "masificar el bloqueo de carreteras a partir de la fecha en los cinco departamentos del oriente y sur (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba) en adhesión a las medidas de presión realizadas en el Chaco boliviano para la recuperación del IDH y la defensa de las regalías.
Argumentaron que esos ingresos, que Morales destinó a los ancianos que no cuentan con jubilación, "constituyen los derechos históricos de nuestros pueblos y la base material para implementar las autonomías departamentales".
El Conalde advirtió que en caso de persistir la "política confiscatoria" del gobierno de Evo Morales, no se responsabiliza de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país.
Además, rechazó el propósito del gobierno central de establecer un texto de reforma constitucional que beneficie a las mayorías, porque supuestamente carece de legalidad y legitimidad.
"Nos ratificamos en la decisión de no permitir la realización de ningún referendo constitucional que apruebe ese proyecto en nuestros departamentos", afirmó un segundo punto.
El Conalde, que se reunió en la capital homónima del departamento oriental de Santa Cruz desde la noche del martes y hasta esta madrugada, volvió a reunirse para ultimar las conclusiones y hacer el pronunciamiento.
En la reunión participaron cívicos, prefectos, representantes de instituciones, parlamentarios y asesores; sin embargo, cuando se pretendían redactar las conclusiones invitaron a los parlamentarios del opositor Poder Democrático Social (Podemos) a desalojar el lugar, porque aparentemente tenían que conversar sólo los prefectos.
El encargado de leer las conclusiones fue el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, acto que fue transmitido a nivel nacional por las cadenas privadas de televisión.
Se informó que las discusiones fueron duras e incluso se habló de posiciones diferentes.
Por un lado, se habló de diálogo y por el otro el de radicalizar las medidas de presión, propuesta que al final se impuso en medio de la molestia de los empresarios que tienen que encarar su feria internacional en la capital cruceña.
Los opositores ratificaron su decisión de profundizar la implementación de sus estatutos autonómicos aprobados en consultas, que el gobierno central calificó de "ilegales".
Pero no fueron claros en manifestar su posición sobre la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) que vetó los procesos electorales en Santa Cruz (elección asambleístas, subgobernadores y consejeros), en Tarija (elección de diputados departamentales) y en Chuquisaca (referendo autonómico).
Sin embargo, apoyaron la determinación de Chuquisaca de convocar al referendo por la autonomía departamental. (Xinhua)
04/09/2008
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