|
A pocos días de cumplirse el 35 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y el inicio de la dictadura del general Augusto Pinochet, las heridas dejadas por ese proceso siguen abiertas en Chile.
Ese día, Pinochet dio un golpe militar contra el presidente socialista Salvador Allende e implantó una férrea dictadura que se prolongó por casi 17 años, en los cuales se cometieron más de 3.000 asesinatos, unas 40.000 personas fueron torturadas y aún están desaparecidos un millar de opositores políticos.
Frente a los crímenes y desapariciones ocurridos en el país, la justicia, que ha sido acusada de subordinarse a la dictadura, sólo ha sometido a proceso a 563 ex militares, de los cuales apenas 116 recibieron una condena y sólo 22 se encuentran presos.
Pese a haber sido procesado, Pinochet no recibió condena alguna, lo que demuestra que aún en Chile existe la impunidad y que la justicia ha sido incapaz de actuar para buscar la verdad y castigar a los culpables.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) registra el hallazgo de los restos de sólo 190 de unos 1.200 opositores políticos que fueron detenidos y desaparecidos por los uniformados. Hay evidencia de que muchos fueron lanzados al mar desde helicópteros.
Desde 1990, los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia han intentado esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero aún la mayoría de los ejecutores no ha hablado y las fuerzas armadas insisten en que no tienen información sobre esos hechos.
A partir de 2004, bajo el mando del general Juan Emilio Cheyre, el Ejército comenzó a reconocer que personal de sus filas había cometido miles de crímenes y a plantear la doctrina del "Nunca más" para que jamás se repitan los hechos de septiembre de 1973.
Esta semana, por primera vez, la Armada también reconoció que unos 1.000 marinos cometieron violaciones a los derechos humanos en aquella época. Falta aún el "mea culpa" de la Fuerza Aérea, cuyos pilotos fueron quienes llevaron a los detenidos para lanzarlos al mar.
Hay consenso en las fuerzas de izquierda respecto a que se ha avanzado en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, pero han sido insuficientes las sanciones aplicadas a los ejecutores de esas violaciones, y quedan muchos hechos sin esclarecer.
Por eso, la reconciliación es un tema pendiente en la sociedad chilena.
"Chile debe hacerse cargo de lo que pasó, y en este terreno hay un notable déficit en los casos de graves violaciones a los derechos humanos", afirmó Héctor Salazar, abogado vinculado al movimiento de los derechos humanos.
Se estima que la labor judicial para esclarecer o hacer efectivas las responsabilidades llega a un 50 por ciento de los casos, y el otro 50 por ciento jamás ha llegado a los tribunales.
Se reconoce que el trabajo de los abogados de los derechos humanos ha sido destacado para llegar a saber quiénes son los organismos y los funcionarios responsables, con nombres y apellidos.
Ha habido sentencias severas, pero también muy benignas. Hay un criterio judicial que ha dependido de los jueces, muchos de los cuales han intentado aplicar la ley de amnistía dejada por Pinochet.
En este momento, hay un total de 302 procesos abiertos por casos de detenidos desaparecidos, mientras que otros 500 están paralizados y sin investigar.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que Chile ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de Naciones Unidas.
Mientras haya causas pendientes y los criminales sigan en la calle, las heridas dejadas por la dictadura de Pinochet seguirán abiertas en Chile. (Xinhua)
08/09/2008
|
