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Por Marcela Rodríguez Otálora
El gobierno colombiano anunció el día 29 la destitución de 25 militares en las primeras investigaciones de la desaparición y asesinato de 11 jóvenes, en una decisión sin precedentes que analistas vincularon a la presión internacional.
La politóloga Claudia López consideró que la medida envió un mensaje de transparencia de la política de seguridad, aunque consideró que obedeció a la preocupación internacional por los derechos humanos en Colombia.
"En buena hora, el tema de las ejecuciones extrajudiciales o secuestros con fines de homicidio es un problema de marca mayor", dijo López.
"El anuncio coincide con visita de la alta Consejera de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, de manera que la presión internacional da sus resultados", añadió.
La destitución de los militares fue anunciada por el presidente Alvaro Uribe, quien desligó la responsabilidad de esos efectivos de los fines del plan de Seguridad Democrática.
Entre los destituidos están tres generales y cuatro coroneles que comandaron brigadas en los departamentos Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, y de Antioquia, al noroeste del país.
En ambas regiones, de gran influencia paramilitar, fueron encontrados los cadáveres de 11 jóvenes reportados como desaparecidos.
La destitución fue decidida por Uribe, junto con el jefe de Defensa y el comandante del Ejército.
Denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Navi Pallay, han dado cuenta de 950 asesinatos extrajudiciales durante la actual administración.
Sectores políticos e investigadores, entre ellos el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, y el dirigente de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, consideraron acertada la destitución.
Pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, pobladores de regiones y organizaciones no gubernamentales han denunciado la continuidad de acciones ultraderechistas que el gobierno insiste en llamar "bandas emergentes".
Rangel no dudó al afirmar que la investigación por desapariciones no puede escapar al macabro vínculo entre miembros de la fuerza pública, los ultraderechistas que filtraron todas las instituciones en Colombia, y el narcotráfico que los financió.
El asesinato de los 11 jóvenes de la localidad Soacha, al sur de Bogotá, desató una serie de cuestionamientos que fueron ahondados por denuncias similares en otras regiones así como por cifras de entidades sobre ese tipo de crímenes.
La gobernación de Antioquia registró al menos 30 casos de desapariciones forzadas en persona protegida y que involucran a uniformados, mientras que senadores como Piedad Córdoba y Héctor Rojas, señalaron que los casos de Soacha pueden llegar a 200.
El Instituto de Medicina legal indicó que recibió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en departamentos como Casanare al este de Colombia, Santander al noreste; Antioquia, Sucre y Córdoba en el norte; Caquetá al sur, y Putumayo, limítrofe con Brasil.
La mayoría de las desapariciones fueron de jóvenes de escasos recursos o de regiones rurales que salieron de sus casas por promesas de empleo y días después aparecieron como muertos en combates entre las tropas y grupos armados.
Los montajes de operativos en Colombia son una forma que usan efectivos para acumular aciertos militares por los que son premiados con remuneraciones económicas, ascensos o descansos, y que engrosan la cifras del plan de seguridad.
El opositor Gustavo Petro estimó necesario que se elimine en la fuerza pública el sistema de premios por el número de muertes que consiguen sus efectivos.
Petro consideró que la destitución de los 25 militares no significará el freno de las indagaciones cuyos detalles son desconocidos hasta ahora.
Los partidos políticos se mostraron divididos al determinar si el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, debe asumir una mayor responsabilidad por los escándalos que enlodan una de las fuerzas públicas más cuestionadas por las continuas violaciones a los derechos humanos.
Los sectores oficialistas consideraron que Santos lidera una "depuración" de la institución, mientras opositores pidieron la renuncia del ministro.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, dijo que el retiro de los uniformados es indicador de la determinación de Colombia para cumplir lo requerido por los convenios internacionales para el cumplimiento de los derechos humanos.
Washington financia la política de Seguridad Democrática, con la que Uribe busca poner fin a décadas de conflicto protagonizado por guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.(Xinhua)
30/10/2008
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