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La fase de transición, iniciada con la entrada en vigor de la nueva Carta Magna ecuatoriana, genera el día 11 un "lío" jurídico-político debido a la imposibilidad del "Congresillo" y del Consejo Nacional Electoral (CNE) de llenar los vacíos constitucionales.
Ecuador lleva casi tres semanas sin una Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el concurso para designar a los siete miembros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, o quinto poder del Estado, está paralizado.
Ambos casos fueron enviados a la Corte Constitucional (CC), organismo que deberá resolver la crisis institucional y llenar los vacíos que se presenten en el Régimen de Transición, con miras a avanzar en la formación de estas dos instituciones.
Al momento, los asambleístas de la Comisión de Legislación (Congresillo) no encuentran una salida que permita integrar la CNJ, ante la negativa de los ex magistrados de asumir en el nuevo tribunal de justicia.
El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, admitió la existencia de una crisis institucional en Ecuador.
Puntualizó que su organismo elabora un instructivo, el cual servirá de norma para interpretar la Carta Política, vigente desde el 20 de octubre último, y poder solucionar los problemas creados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) espera igualmente por el dictamen de la CC para acoger un pedido de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de realizar el concurso público de méritos y oposición para designar a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Dicha solicitud no fue rechazada, pero el pleno de la CNE resolvió pedir a la Corte Constitucional interpretar el artículo 29 del régimen de transición y el 207 de la Constitución.
Su objetivo es definir si ese órgano tiene facultad para cumplir con el encargo de la Comisión Legislativa.
El máximo representante del Consejo Electoral, Omar Simón, señaló que mientras esa instancia de poder no cuente con una ley no se puede proceder a la realización del concurso.
"No contamos con los parámetros ni el reglamento para ejecutar esa solicitud", aseveró.
Algunos comentaristas nacionales hablan de crisis institucional, vacíos de poder o falta de voluntad política, pero la realidad es que está en apuros el proceso de transición establecido para elaborar las leyes con miras a implementar la Constitución.
Tal situación podría generar inconvenientes en la convocatoria a nuevas elecciones generales, la cual deberá realizarse el 23 de noviembre próximo.
Sin embargo, Simón descartó definitivamente que las elecciones se realicen en febrero como tenía previsto el oficialismo; aunque no dio una fecha exacta de los próximos comicios.
Lo que si adelantó es la incorporación del voto electrónico en algunas provincias y para depurar el padrón electoral de mejor manera se hará un cruce de datos entre el Registro Civil y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Manuela Cobacango, integrante del Consejo Nacional Electoral aseguró que el CNE organizará el concurso de selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siempre que la Corte Constitucional los faculte.
Explicó que no existe una ley que permita aquello, aunque considera que tienen la potestad de interpretar la Constitución. "Por eso consultamos a la Corte Constitucional".
En este sentido, negó que exista una pugna con la Comisión de Legislación y Fiscalización. Sin embargo, subrayó que cada organismo tiene establecidas las responsabilidades y funciones en el régimen de transición.
En una sesión extraordinaria convocada por el presidente del CNE, Omar Simon, los consejeros del organismo por unanimidad solicitaron a la CC una interpretación a las disposiciones constitucionales para que dirima a quién corresponde determinar la conformación del nuevo organismo que formará la Función de Transparencia y Control Social.
Finalmente, aseguró que si la Corte Constitucional faculta al CNE, la organización de las elecciones generales previstas para 2009 no se verán afectadas. (Xinhua)
12/11/2008
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