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El gobierno de Bolivia presagió el sábado la derrota de la oposición, una vez aprobada la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en la consulta popular del próximo 25 de enero para la consolidación de un nuevo Estado Autonómico.
El ministro boliviano de Trabajo, Walter Delgadillo, aseguró que con la voluntad del pueblo se pondrá fin al control del poder político y económico que detentaron las oligarquías por más de 180 años en el país.
El domingo 25 de enero está prevista la realización del referendo de aprobación o rechazo de la CPE, aprobada en primera instancia por la Asamblea Constituyente (2007) y modificada parcialmente por el Congreso Nacional (2008).
Para viabilizar este proceso, el presidente, Evo Morales, convocó a los prefectos de los nueve departamentos del país, incluidos los de oposición, a trabajar a partir de este 5 de enero en La Paz, sede de gobierno.
La invitación fue rechazada sin embargo por los prefectos (gobernadores) opositores de los departamentos de Beni, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, por considerar que su presencia avala una Constitución "progobiernista y excluyente".
Delgadillo advirtió que la estrategia de la oposición se sumará a uno más de sus fracasos, debido a que en el país se discute la implantación de autonomías conquistadas en las regiones autonómicas.
Aseguró que es incompatible la actitud de esas autoridades departamentales, al señalar que los ganadores con el nuevo texto constitucional son las regiones autonómicas de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz.
El ministro bolivian recordó que la nueva Constitución incluye 36 competencias exclusivas, 24 compartidas y concurrentes, por tanto las prefecturas (gubernaturas) del país tendrán la facultad de 60 competencias legislativas.
"Lo que debe entenderse es que los prefectos de oposición han tenido una victoria y ahora tienen la obligación ante sus poblaciones de ver cómo se ejecuta la implementación de las autonomías", aseguró Delgadillo.
El ministro sin cartera responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, reiteró por su parte el llamado a los prefectos de oposición al diálogo y aseguró que su ausencia no frenará la implantación de las autonomías departamentales en el país.
De igual forma advirtió que el análisis de la reforma no será paralizada por el capricho o por acciones incomprensibles de dos o cuatro funcionarios públicos que no actúen conforme al mandato de sus regiones.
"Se trata de una reforma transcendental y el gobierno está empeñado en llevarlo adelante de acuerdo a la voluntad del pueblo, que será expresada el 25 de enero", añadió Arce.(Xinhua)
04/01/2009
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