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La Sala Penal Especial (SPE) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Perú dará lectura el martes a la sentencia (absolutoria o condenatoria) en el proceso seguido al depuesto mandatario Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad.
Tras 160 audiencias, el abogado defensor César Nakazaki hizo los descargos jurídicos a las acusaciones que le imputan a Fujimori el Ministerio Público y la parte de la defensa civil (presuntos agraviados).
Las dos últimas audiencias el inculpado hizo uso de su derecho a la autodefensa.
A lo largo del proceso se han presentado alrededor de 80 testigos y peritos, se han presentado más de 600 documentos escritos y también otros 20 de carácter audiovisual.
La fiscalía ha intentado probar que Fujimori es autor intelectual del ajusticiamiento de 25 personas, entre ellas un menor de edad, en los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así de los plagios y torturas al periodista Gustavo Gorritti y del empresario privado Samuel Dyer, durante el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.
En ese sentido, la fiscalía ha pedido a la SPE una condena de 30 años para Fujimori por los delitos de homicidio calificado, secuestro y lesiones físicas.
La defensa, por su parte, se centró en que Fujimori "nunca dio una orden para asesinar", ya que no existe un documento probatorio alguno.
Según su abogado, Fujimori más bien fue "cauteloso y prudente en el caso de los derechos humanos, dictando directivas puntuales para enfrentar a los subversivos Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)" que declararon la "guerra popular" de 1980 a 1995.
Fujimori, en sus autoalegatos que tuvieron más un carácter político que legal, dijo que "en el Perú no existió ninguna guerra popular" que tanto SL como el MRTA fueron "delincuentes terroristas" que pusieron en jaque al país con sus matanzas a la población civil, especialmente en las regiones andinas.
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional (CVRN) , entre 1980-2000, el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la policía contra los "terroristas" -como fueron considerados los movimientos por el gobierno peruano- dejó 69.000 muertos, más de 9. 000 desaparecidos, 40.000 huérfanos y pérdidas económicas por más de 35.000 millones de dólares.
La opinión pública está dividida en lo que se refiere a la absolución o condena a Fujimori, empero, según encuestas, un 60 por ciento de los consultados considera que el ex gobernante será condenado a la cárcel.
Fujimori obtuvo una segunda reelección tras una interpretación forzada de la Constitución Política del Estado (CPE), que él mismo impulsó, en las elecciones generales del 2000 y juramentó por un nuevo período (2000-2005).
El acto de juramento en el Congreso estuvo empañado en las calles de Lima por la fuerte oposición que derivó en acciones violentas con resultado de seis vigilantes particulares muertos, tras el incendido, entre otros edficios públicos, de la oficina matriz del Banco de la Nación.
Este tercer gobierno constitucional consecutivo tuvo una corta vida, pues el 14 de septiembre de 2000 estalló un grave escándalo político al difundirse un vídeo, donde el entonces asesor presidencial y jefe virtual de los Servicios de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, aparecía sobornando a un legislador de una bancada contraria.
La divulgación de éste y otros videos obligó a Fujimori dos meses después, aprovechando la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), a autoexiliarse en Japón al amparo de la doble nacionalidad.
Desde Japón Fujimori envió vía fax al Congreso peruano su renuncia a la Primera Magistratura.
Japón recibió en dos oportunidades pedidos de extradición de Fujimori, pero no los aceptó considerando que era un ciudadano japonés y que no había un tratado al respecto entre los dos países.
El ex gobernante residió en la capital japonesa hasta noviembre de 2005, cuando decidió viajar a Chile, como paso previo en su presunta intención de volver a postularse a la presidencia de Perú (elecciones del 2006).
Fue entonces cuanto la justicia peruana hizo el pedido de repatriación de Fujimori a su par chilena, solicitud que fue concedida en septiembre de 2007.
Ahora, la lectura de la sentencia de Fujimori será dictada prácticamente en un mes con connotaciones políticas y diplomáticas.
El 5 de abril se cumplieron 17 años del autogolpe de Estado generado por el propio Fujimori con Montesinos y las Fuerzas Armadas.
El 3 de abril se conmemoró el 110 aniversario del arribo de los primeros inmigrantes japoneses a Perú, y el 17 de abril se celebra el Día de la Amistad Peruano-Japonesa.
Asimismo, el 10 de diciembre de 2007, día de la Declaración de los Derechos Humanos, se inició el juicio contra Fujimori, primer mandatario peruano en ser juzgado.
El proceso contra Fujimori se ha desarrollado sin incidentes mayores y con la total atención de la prensa nacional e internacional. (Xinhua)
07/04/2009
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