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De acuerdo con las estadísticas del Centro Para la Información de Defensa de Washington, hay actualmente más de 80 millones de armas ilegales en Latinoamérica. Cualquier criminal tiene fácil acceso a las armas. “Ni hablar de las narcoguerrillas y el crimen organizado, éstos se hacen con un lanzacohetes como cualquier español con una barra de pan”, según informó el rotativo español “El País”.
La tasa de homicidios en la región es sorprendente alcanzando los 140.000 al año, o sea, más del doble del promedio mundial. Varios países tienen un índice de crímenes por cada 100.000 habitantes más que alarmante: Brasil, 28; Colombia, 65; El Salvador, 45; Guatemala, 50; Venezuela, 35. La violencia también golpea a la economía latinoamericana. El coste de esta lacra se estima en un 14,2% del PIB regional, según el informe Crimen y Violencia en el Desarrollo del Banco Mundial.
Los recientes juicios contra dos de los más conocidos traficantes de armas, el ruso Víktor Bout, alias El Mercader de la Muerte en Tailandia (pendiente de extradición a EE UU para agosto) y el sirio Monser al Kassar (condenado en febrero a 30 años de prisión en Nueva York), han revelado lo sencillo que es meter armas ilegalmente en América Latina, el papel crucial que desempeña Centroamérica, en especial Nicaragua, en este negocio. Para detener a Bout y Al Kassar, la agencia antidroga estadounidense alegó que ambos intentaron vender lanzamisiles portátiles tierra-aire rusos SAM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La ruta prevista para ambas operaciones era similar: las armas partían desde Rumania o Bulgaria y entraban por Nicaragua. Desde el país centroamericano se iban a arrojar con paracaídas sobre territorio colombiano. “No hay pruebas de que el Gobierno de Ortega sea cómplice del tráfico, pero sin duda el país tiene enormes lagunas legales que facilitan el tráfico ilegal”, dice Roberto Orozco, experto nicaragüense del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Los puertos nicaragüenses están entre los mayores coladeros de armas en la región, según fuentes de Defensa de EE UU. “En especial el puerto de Corinto”, que “es el único de aguas profundas y está controlado por el Ejército y la policía”, apunta Orozco.
Además, el tráfico ilícito de armas está cada vez más estrechamente ligado al narcotráfico. En Perú, hace unos meses, saltaron todas las alarmas cuando el Ejército comprobó que los resquicios de la guerrilla Sendero Luminoso, hoy dedicada a la producción y venta de cocaína, tenían en su poder lanzacohetes RPG-7, ametralladoras pesadas y fusiles Kaláshnikov, todos de origen ruso. El rearme senderista ya ha costado la vida a medio centenar de soldados peruanos en 12 meses. A finales de abril, los senderistas intentaron derribar el helicóptero en el que viajaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Contreras. El coronel Jorge de Lama iba en el aparato. “Nos dispararon dos granadas de RPG, pero por suerte cayeron lejos. No creo que supieran que iba el general Contreras, simplemente apuntaron a un helicóptero militar que estaba en su zona”, relata De Lama, refiriéndose al valle de los ríos Apurimac y Ene, la inaccesible zona de Ayacucho donde Sendero ha estado desde que se creó en los ochenta. El Ejército peruano se resiste a revelar las rutas de abastecimiento de armas de los senderistas, pero no se atreve a negar que el puerto amazónico de Iquitos es un agujero negro para la seguridad del país. A esta ciudad estaban destinados los 50.000 Kaláshnikov que Vladimiro Montesinos, el siniestro ex jefe de los servicios secretos peruanos durante el Gobierno de Fujimori, compró en Jordania. Sin embargo, 10.000 de esas armas acabaron en manos de las FARC.
Iquitos y la frontera entre los países andinos y Brasil, el golfo de Urabá, que une Colombia y Panamá, el triple límite entre Paraguay, Brasil y Argentina -zona donde Hezbolá tiene una fuerte influencia-, son algunos de los principales puntos de contrabando en la región. Sin embargo, Centroamérica y, en especial Guatemala y Nicaragua, han adquirido en los últimos años especial relevancia como puerta de entrada de los cargamentos. Rangel recuerda que así como Nicaragua ya es clave en el comercio ilegal, Venezuela desempeña un papel relevante. Como buena parte de las armas que acaban en el mercado negro proceden de la policía y el Ejército, robadas o vendidas por los propios agentes o militares, hay serios temores de que parte de los 100.000 Kaláshnikov que Caracas compró a Rusia acaben en manos de los narcos.
Mientras que las armas abundan en la zona, las municiones escasean. El calibre 7,62 mm, que usan los fusiles rusos AK-103, es el más deseado por la región y en especial por las FARC, que aún poseen al menos 5.000 armas que necesitan esta munición. Hoy se consigue en Perú y Bolivia, pero en poca cantidad.
Aparte de los canales de tráfico de armas que se remontan a la época de auge de las guerrillas, en los setenta y ochenta, se han afianzado en la región aquellos controlados por el crimen organizado. Los intercambios de droga por armas que los carteles de la droga colombianos inauguraron a mediados de los noventa con la mafia rusa han proliferado. Así como la cocaína sale de Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa a través de Venezuela, Ecuador y Brasil, las armas recorren el mismo camino en sentido contrario.
Adelaida Vásquez y Carolina Gabea son testigos casi a diario de este tráfico. Ambas son fiscales de Ciudad del Este, la urbe paraguaya pegada a Brasil y Argentina y uno de los mayores focos de contrabando de armas de Suramérica y paso del tráfico desde Brasil hacia Perú y Colombia. Tienen una queja común: pocos recursos y el enemigo en casa. "La policía nacional no sólo no nos ayuda, nos boicotea. Tenemos un grupo de agentes especiales, pero son pocos ante tanto delito", explica Vázquez, que sobre drogas y armas lo ha visto todo. “Una vez confiscamos una ametralladora antiaérea a unos narcos... no me lo podía creer. Es peligroso ser legal y trabajar acá”, añade. (Puebo en Línea)
26/05/2009
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