Desconoce Colombia recomendaciones de ONU, acusa movimiento

Integrantes del Movimiento de Víctimas de Agentes Estatales en Colombia dijeron el domingo que la decisión de archivar la ley de reparación, anunciada por el presidente Alvaro Uribe, es un desconocimiento a las recomendaciones de la ONU.

El representante del Movimiento de Víctimas de Agentes Estatales, Iván Cepeda, dijo que el mandatario priorizó la imagen del plan de seguridad por encima del bienestar de los afectados, pese a las observaciones de un relator de Naciones Unidas.

"Hundir o archivar la ley de víctimas con el argumento de que no puede equiparar a los uniformados con terroristas y que hacer la reparación es dañar la Seguridad Democrática, es muestra de cómo el gobierno toma las recomendaciones internacionales", señaló Cepeda.

Uribe ordenó el hundimiento de la iniciativa que fue presentada por los afectados, al argumentar falta de recursos públicos para cumplirla y al negar que los uniformados sean equiparados a ex integrantes de armados.

"Se le daría un golpe muy grande a la Seguridad Democrática porque se nivelaba a los soldados y policías de Colombia con los terroristas", señaló Uribe.

El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, recomendó celeridad en el esclarecimiento y castigo a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, después de una visita en la que constató el dolor de los afectados.

La fiscalía investiga al menos 1.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en diferentes regiones del país, después que se desató el escándalo de los "falsos positivos".

Esos delitos se refieren a montajes de operaciones por parte de uniformados, quienes con víctimas inocentes y pruebas falsas buscaron engrosar las cifras de aciertos militares de la política Seguridad Democrática.

El Ejecutivo y las víctimas manifestaron su decisión a presentar nuevos proyectos de ley para reparar a las familias afectadas por esos casos, en atención al derecho de las víctimas a ser reivindicadas y el deber de los victimarios.

El Ejecutivo negó responsabilidad en los casos y se limitó a mostrarse solidario con los afectados, a quienes obligó a iniciar procesos de demanda ante la justicia ordinaria, mientras que los vulnerados exigieron ser tratados como víctimas del conflicto.(Xinhua-CRI)
22/06/2009