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El depuesto mandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000) sería sentenciado por los delitos de peculado y falsedad ideológica el próximo lunes 20 de julio, dejó entrever el día 15 el presidente de la Sala Penal Especial (SPE), César San Martín.
En la mayor parte de la audiencia, que se inició esta mañana y quedó inconclusa seis horas después, con una interrupción de 30 minutos, el abogado defensor, César Nakazaki, dio a conocer los argumentos de derecho para rebatir la acusación del Ministerio Público.
El tema se centra en el pago irregular de 52 millones 500.000 nuevos soles (15 millones de dólares, al cambio del año 2000) de Fujimori a su ex asesor y ex jefe virtual del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, por compensación de tiempo de servicios (a un promedio de un millón y medio de dólares anuales).
Dicha suma fue extraída del erario mediante un decreto supremo de urgencia, con el pretexto de financiar una campaña militar frente a una posible "invasión" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) a territorio amazónico peruano en la frontera con Colombia.
Sin embargo, el dinero fue entregado a Montesinos el 22 de septiembre de 2000, ochos días después que estalló un grave escándalo político con la difusión de un vídeo que marcó el principio del fin del tercer gobierno de Fujimori (que empezó en julio de ese año), y que "desapareció" por primera vez Montesinos con rumbo a Panamá donde le negaron asilo político.
La defensa se centra en que los 15 millones de dólares fueron devueltos al erario los primeros días de noviembre de 2000, por lo que no configura el delito de peculado ni tampoco el de falsedad ideológica, amparándose en que la Constitución peruana señala que el jefe de Estado "no es responsable de los actos" que firman los ministros.
El lunes 13, al iniciarse la causa, Fujimori pidió la terminación anticipada de este juicio, acogiéndose a la "responsabilidad limitada", pero negándose a reconocer los delitos y negando que le corresponde pagar reparación civil al Estado.
El fiscal Avelino Guillén pidió ese día ocho años de cárcel para Fujimori y el pago al Estado de 2 millones de nuevos soles (660.000 dólares).
El procurador del Estado, empero, ha solicitado el pago de 90 millones de dólares a favor del Estado, incluyendo los intereses por el tiempo transcurrido.
Esta tarde, Guillén volvió a insistir que Fujimori cometió delitos, aunque, cuando hacía uso de la palabra, la SPE decidió suspender la audiencia para volver a citar para este viernes 17.
Fujimori cumple prisión por dos sentencias previas: la dictada el pasado abril, de 25 años de reclusión por dos casos de violación de los derechos humanos, y otra, anterior, de seis años de prisión por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de Montesinos en 2000.
Las condenas en Perú, de acuerdo con las normas jurídicas, no se suman, sino que se incluyen en la que exprese mayor tiempo.
Fujimori es juzgado en una sala de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Dinoes-PNP), a siete kilómetros del centro de Lima, y donde se haya recluido desde septiembre de 2007, cuando fue extraditado de Chile. (Xinhua)
16/07/2009
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