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El canciller peruano, José García Belaunde, negó el día 1 que el Estado tenga alguna política de espionaje y pidió que los responsables de la empresa privada peruana Business Track (BTR), procesados en el Poder Judicial, sean investigados y sancionados si se comprueba su autoría en el delito de interceptación telefónica a militares chilenos.
"Quiero dejar claramente establecido que esto no es una política del gobierno (peruano), ni mucho menos (...) Esta es una actividad hecha por una empresa privada. No tenemos ninguna responsabilidad, la responsabilidad la tienen ellos (BTR)", manifestó.
De comprobarse la comisión de estos hechos, refirió que los responsables de BTR habrían cometido delito, y por consiguiente, se procederá a procesarlos mediante denuncia judicial para aplicar las sanciones respectivas.
"Hay un capítulo en el Código Penal dedicado a delitos que afectan las relaciones exteriores del país. Si se comprueba el delito que habrían cometido, serán enjuiciados y serán sancionados", manifestó García Belaunde.
El supuesto caso de espionaje se hizo público cuando el hebdomadario Caretas reveló la existencia de correos electrónicos y audios con conversaciones telefónicas que corresponderían a cuatro oficiales de la Fuerza Aérea chilena (FACH), hallados en el computador del ex oficial de la Marina de Guerra del Perú (MGP), Elías Ponce, integrante de BTR.
El ex marino es procesado por violar el secreto de las comunicaciones de varios personajes vinculados a la política peruana, y tras conocerse el supuesto espionaje a militares de Chile, el hecho generó reacciones en los diputados chilenos Jorge Tarud e Iván Moreira.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo que hasta el momento no se comunica con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ni con su homólogo chileno, Mariano Fernández, quien anunció que (Palacio) La Moneda ya investiga la información que vincula a BTR con la interceptación de comunicaciones a nivel internacional.
"Yo aún no me he comunicado con ellos. Espero hacerlo el día lunes (3) porque no ha habido oportunidad este fin de semana", subrayó García Belaunde.
"La posición peruana es que eso se tiene que investigar, y si fuera el caso, los responsables serán llevados al banquillo de los acusados", anotó.
La empresa de seguridad BTR fue denunciada en octubre pasado, cuando se dieron a conocer varios audios donde un ex ministro, Rómulo León en el primer régimen (1985-1990) del actual mandatario, Alan García, y el director de la estatal Perúpetro, Alberto Químper, hablaban de un "gran faneón" tras que la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI) saliera favorecida, mediantes presunto procedimientos irregulares, con una licitación para explorar y explotar cinco lotes de hidrocarburos en territorio peruano.
Esto originó un escándalo que motivó la renuncia del gabinete que en esa oportunidad encabezaba el legislador Jorge del Castillo, a la vez que los ejectuvos de BTR, León y Químper, fueron denunciados por el Poder Judicial por interceptación teléfónica ("chuponeo").
(Xinhua)
03/08/2009
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