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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el día 4 y giró al Senado un proyecto de ley que impulsa el gobierno para autorizar la extracción compulsiva de ADN, a fin de determinar la identidad de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
La iniciativa del gobierno de la presidenta Cristina Fernández fue avalada por 154 legisladores, y la oposición de 32 negativos. Además, hubo 14 abstenciones.
La norma que este miércoles logró media sanción de la cámara baja permite a los jueces ordenar pruebas de ADN sobre la base de la "extracción de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas".
"Si el juez lo estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ADN por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal", agrega el articulado de la norma que ahora deberá tratar la cámara alta.
El diputado oficialista Remo Carlotto justificó la iniciativa al exponer que el "Estado tiene la obligación de perseguir, investigar y reparar" los casos de nacidos durante la dictadura militar y que fueron entregados por las autoridades de entonces a familias distintas de las biológicas.
Ello, para que sus familiares puedan conocer de manera fehaciente su identidad verdadera.
En igual sentido, la diputada oficialista Nora César, titular de la comisión de Legislación Penal, dijo que el proyecto "enfrenta la averiguación de la verdad como meta principal del proceso penal frente a la intimidad e integridad física de las personas".
Por el contrario, el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical se abstuvo, al sostener que requería más tiempo para estudiar el proyecto.
En tanto, la Coalición Cívica, que lidera la diputada electa y ex candidata presidencial Elisa Carrió, pidió excluir del texto la extracción compulsiva de sangre, lo que no prosperó.
La postura de Carrió le valió, la semana pasada, ser expulsada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Según la diputada electa, la norma es una "revancha" del gobierno contra la titular del grupo de medios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien, durante la dictadura militar, adoptó a un niño y a una niña.
Agrupaciones de derechos humanos oficialistas han deslizado que esos niños fueron tomados a matrimonios que murieron a manos de la dictadura militar.
Los cuerpos de esas víctimas nunca fueron hallados, y de allí que se los siga denominando, en el país sudamericano, como "desaparecidos".(Xinhua)
05/11/2009
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