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Actualizado a las 2010:09:08.09:05

Chile impulsa leyes para solventar crisis mapuche

Con dos reformas de ley el gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, intenta terminar la huelga de hambre que hace 58 días protagonizan 32 indígenas y avanzar en una solución al "conflicto mapuche", que data del siglo XIX.

Piñera envió el 7 al congreso el proyecto de ley que modifica la justicia militar y aumenta las sanciones por maltrato a policías.

"La aprobación de este proyecto de ley va a significar que más de 4.000 causas, que hoy día son conocidas por tribunales militares, muchas de las cuales afectan a activistas pertenecientes al pueblo o a la causa mapuche pasarán a ser conocidas por tribunales civiles y sus procedimientos serán regidos por las normas comunes", argumentó.

El proyecto también regula los casos de coautoría o coparticipación en el que aparecen involucrados civiles y militares, estableciendo la regla de que cada cual será juzgado en su respectiva jurisdicción. "Esto es: los militares en tribunales militares, los civiles en tribunales civiles", señaló.

El proyecto prevé un estatuto que protegería a los efectivos de Carabineros e Investigaciones, al sancionar delitos como el uso de fuerza e intimidación a las fuerzas de orden, "buscando proteger de mejor manera a quienes cuentan con el mandato constitucional de velar por el orden y la seguridad ciudadana".

En cuanto a la modificación a la Ley Antiterrorista, otra de las exigencias mapuche, el mandatario anunció que el proyecto será enviado "en los próximos días" al Congreso para su examen.

Los partidos de oposición han criticado al gobierno por su lentitud para reaccionar ante la huelga y no haber establecido una mesa de diálogo, como piden los indígenas.

Los comuneros son acusados de "actividades terroristas" por presuntos ataques incendiarios a propiedades ubicadas en tierras que reclaman como suyas por haber pertenecido a sus antepasados.

La huelga de hambre fue declarada para protestar contra la aplicación de la Ley Antiterrorista, que sólo es aplicada por la justicia militar, la cual utiliza a testigos encapuchados, afectando la imparcialidad de los fallos.

Según el abogado Axel Buchheister, los mapuche "están procesados por tribunales militares, cuando su caso nada tiene que ver con delitos auténticamente militares, porque están acusados por maltrato de obra a carabineros (policía)".

El gobierno insiste en que resguardará la vida y la integridad física de los huelguistas mapuche, tal como ha hecho con los 33 mineros atrapados hace más de un mes en la mina San José, por lo que ha reiterado el llamado a que depongan el ayuno.

Pero los mapuche no ceden en su postura y exigen compromisos escritos para deponer la huelga, mientras el gobierno llama a detener el movimiento antes de iniciar cualquier conversación, lo que mantiene estancadas las negociaciones.

La vocera mapuche María Tralcal llamó a los medios de comunicación y al pueblo chileno a defender con fuerza la vida humana, en lo que sería "una semana clave" en el conflicto.

Las autoridades han pedido a la Iglesia Católica y a las iglesias en general "que nos ayuden para que esta huelga de hambre sea depuesta", temiendo que la muerte de uno o varios huelguistas empañe las festividades por los 200 años de la independencia de Chile el próximo 18 de septiembre.

A su vez, los legisladores de oposición han calificado de "un fracaso político del Gobierno" la falta de interlocutores válidos para disuadir la huelga de hambre.

El senador Jaime Quintana solicitó al gobierno "dejar la soberbia de lado y sentarse a conversar con los mapuches", mientras el diputado Sergio Ojeda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la gestión del gobierno ha sido lenta, pese a que le corresponde la responsabilidad mayor de resolver este conflicto.

Varios historiadores han reiterado la necesidad de que las autoridades resuelvan un "problema histórico" que Chile no ha logrado solucionar con los pueblos originarios, indicando que se requiere una verdadera voluntad política.

Los mapuche y otras etnias fueron despojadas de sus tierras después de la independencia en 1810 y concentradas en comunidades que han tenido pocas oportunidades de desarrollo. Además, desde entonces han sufrido una permanente discriminación.

Sergio Grez, historiador de la Universidad de Chile, dijo que la inminencia del bicentenario ha evidenciado un conflicto que en un primero momento el gobierno intentó ahogar en el silencio.

"Los problemas históricos de largo arrastre que Chile ha tenido desde su conformación como Estado nacional, en particular la relación con los pueblos originarios y el trato que se le ha dado a los sectores populares, son problemas que no han sido solucionados", señaló.

El académico aseguró que "Chile vive desde su nacimiento un profundo desgarramiento estructural y eso está quedando de relieve de manera patética en éste deslucido bicentenario de la independencia".

Según Grez, la estrategia gubernamental fue, en un comienzo, vencer a través del cansancio que generan este tipo de huelgas, pero se encontró con la firmeza de los comuneros, los que hasta el día de hoy siguen declarando que mantendrán la medida "hasta las últimas consecuencias". (Xinhua)
08/09/2010

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