|
La Ley Especial Antiterrorista aprobada por el Parlamento japonés en octubre de 2001 expira ayer, por lo que el Ministerio de Defensa de Japón ordenará la retirada de los efectivos de la Fuerzas Navales de Autodefensa (armada), que hasta el momento han estado suministrando combustible a los buques de Estados Unidos y otros países en el Océano Indico.
El apoyo logístico a las operaciones antiterroristas dirigidas por Estados Unidos ha despertado la polémica entre los partidos políticos japoneses, tal y como recoge el periódico chino Diario del Pueblo en un artículo firmado.
De acuerdo con la ley de 2001, Japón ofrecería apoyo a las operaciones militares de la coalición dirigida por EEUU contra terroristas talibanes a través del suministro de combustible a sus buques militares.
Sin embargo, poco después y al amparo de dicha ley, el gobierno japonés desplegó a las Fuerzas de Autodefensa en una misión en el extranjero, lo que significó un viraje en la política de Defensa del país.
Durante los últimos seis años, la ley se ha extendido tres veces en 2003, 2005 y 2006, pero debido a la situación actual, es inevitable que Japón retire a sus efectivos y suspenda el suministro de combustible para las operaciones militares antiterroristas.
Debido a la oposición a dicha ley por parte de los partidos de la oposición en el país asiático, sobre todo por parte del Partido Democrático de Japón (PDJ), el gobierno japonés presentó el pasado 17 de octubre un nuevo proyecto de ley simplificado de medidas especiales antiterroristas.
Según este nuevo proyecto de ley, las Fuerzas Navales de Autodefensa sólo podrán suministrar combustible y agua a los barcos dedicados a la lucha contra el terrorismo, con la prohibición explícita de apoyar a los buques destinados a otras actividades militares.
La administración japonesa desea que este nuevo proyecto sea aprobado en la actual sesión extraordinaria del Parlamento que finaliza el 10 de noviembre, a pesar de que la Cámara Alta, controlada por la oposición, podría rechazarlo.
De acuerdo con la Constitución nipona, incluso si el proyecto de ley fuera rechazado en la Cámara Alta, podría entrar en vigor si lograra la aprobación de dos tercios de los miembros de la Cámara Baja.
Sin embargo, los analistas creen que el gobierno no buscará el apoyo de la Cámara Baja en esta ocasión, puesto que según las encuestas, el actual índice de popularidad del gabinete y del nuevo proyecto es modesto.
Si la cámara baja forzara la aprobación de la ley, el índice de popularidad continuaría cayendo y la oposición protagonizaría una reacción aún más fuerte, lo cual podría obligar al primer ministro japonés a disolver la Dieta (Parlamento) y convocar elecciones anticipadas.
La formación gobernante, el Partido Liberal Demócrata (PLD), sacudido por varios escándalos políticos, no quiere ni oir hablar de elecciones anticipadas, por lo que el primer ministro, Yasuo Fukuda, ha preferido mantener la discreción.
El 30 de octubre, Fukuda se reunió con el presidente del PDJ, Ichiro Ozawa, para pedir el apoyo de la oposición a la extensión de las tropas niponas, propuesta que fue categóricamente rechazada por Ozawa.
A pesar de su discreción, el PLD no se quedará con los brazos cruzados, sino que buscará una nueva oportunidad para obtener la aprobación del nuevo proyecto de ley, que si no obtiene luz verde este año, continuará discutiéndose el año próximo.
Tras mostrar su más sincera intención de resolver el problema a través del diálogo y con el objetivo de escapar del actual punto muerto, el partido gobernante podría criticar a la oposición por ignorar los intereses del país, rechazar la cooperación antiterrorista y perjudicar las relaciones con Estados Unidos, según han resaltado algunos analistas.
Para muchos expertos, la polémica suscitada en Japón a raíz de la Ley Especial Antiterrorista alcanzará su punto álgido en noviembre. (Xinhua)
02/11/2007
|
