El presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, a través de un decreto firmado, anunció el 17 el levantamiento del estado de emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito con el principal argumento de que se logró cesar en funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justician (CSJ).
En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado explicó que decretó el día 15 el estado de emergencia debido a que el Congreso Nacional fue incapaz de cesar a la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los varios proyectos de consulta y de reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional.
En este marco, el presidente Gutiérrez exhortó al Congreso Nacional a que, en el menor tiempo posible, discuta el proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Judicial, con el fin de que, a corto plazo, "tengamos el procedimiento para que el Ecuador disponga de la mejor CSJ de toda la historia del país".
Afirmó que la corte suprema tendrá que ser independiente de los grupos de poder político y económico, "con lo cual se cumplirá la promesa del presidente de la República y el anhelo de los 13 millones de ecuatorianos de tener por fin justicia independiente y transparente, para que ricos y pobres seamos iguales ante la Ley".
En los últimos días se han registrado diversas manifestaciones masivas en Quito, la provincia de Pichincha y en la mayor ciudad ecuatoriana de Guayaquil en contra del gobierno y en demanda de la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez, por su intervención en la reorganización de la CSJ.
La crisis jurídico-política que vive el Ecuador se remota al 8 de diciembre, cuando una mayoría afin al mandatario en el Congreso Nacional reorganizó la entonces CSJ y designó una nueva que, para la oposición, "es ilegal e inconstitucional", y al mismo tiempo, reestructuró el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La reestructuración de la CSJ dió duro golpe a los partidos de oposición tales como Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), movimiento indígena Pachakútik (PK), rompiendo el "monopolio" de algunos partidos tradicionales en la CSJ y el sector jurídico. El número de magistrados del PSC se redujo de 18 al actual 4 en la CSJ.
A pesar de que el presidente Gutiérrez reiteró que la reestructuración de la CSJ y otros dos tribunales corresponde a la Constitución Política del país, la acción del Congreso Nacional ha sido objeto de enérgico rechazo y oposición por parte de algunos partidos y otros opositores, y por ende, se ha producido una ola de protestas en contra de la reorganización de la CSJ y en demanda de la renuncia del presidente Gutiérrez.
A comienzos de este mes, el ex presidente y líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Abdalá Buracam, el ex jefe de Esado Gustavo Noboa, y el ex vicemandatario Alberto Dahik, prófugas de la justicia y asilados en el exteior, regresaron al país gracias a la providencia dectada por el presidente de la CSJ y militante del PRE, Guillermo Castro, que anula los juicios que pesaban sobre los ex gobernantes.
Esta decisión promovió aún más la indignación de los opositores, quienes acusaron al jefe de Estado por la "ilegal reorganización" de la CSJ, lo cual ha dejado que los ex mandatarios corruptos queden en la impunidad.
Algunos organismos ecuatorianos presentaron sus acusaciones contra el gobierno ante organizaciones internacionales o regionales tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las portestas en contra del gobierno se hacían cada día más fuertes, hasta que miembros de organizaciones sindicales y sociales, campesinos, indígenas, estudiantes e incluso amas de casa acudieron a las calles para participar en las diversas actividades de protesta.
La ola de protesta entró en otro auge cuando el alcalde de Quito y el prefecto de la provincia de Pichincha convocaron el 13 de este mes un paro provincial, e incrementaron las protestas ciudadanas en la noche de los días siguientes en sitios estratégicos de Quito, exigiendo la reorganización de la CSJ y la salida del primer mandatario de la Nación.
La declaratoria del estado de emergencia dicatada por el presidente Gutiérrez recibió enérgica oposición y rechazo por parte del vicepresidente de la República, el alcalde de Quito y el prefecto de la provincia de Pichincha, quienes pidieron al Congreso que convoque de inmediato una sesión extraordinaria para derogar el decreto presidencial.
Frente a las crecientes protestas masivas, el presidente Gutiérrez envió al Congreso Nacional proyectos de consulta y de reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial a fin de reorganizar la CSJ, pero no logró éxito por la incapacidad del Congreso de cesar a la CSJ.
La oposición en el Congreso Nacional sufrió otro fracaso, al no lograr el día 12 aprobar la moción de remoción de las cortes cuando sólo falta un voto para completar los 51 de mayoría.
Analistas sostuvieron que el hecho de que los partidos políticos no presten importancia a los intereses del país y del pueblo, sino a sus propios en el sector jurídico y en la CSJ constituye el principal obstáculo para la reestructuración de la CSJ, promoviendo la ola de protestas e incluso una grave conmoción nacional, en especial en la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha.
Con la destitución de la CSJ por el decreto presidencial, está en manos de los diputados del Congreso la solución de esta crisis jurídico-política. Serán los diputados quienes deben superar la actual crisis y decidir el futuro de la CSJ.
No obstante, aún existe el conflicto de intereses entre los diversos partidos políticos, por lo tanto, no será fácil que el Congreso Nacional resuelva la actual crisis del país. (Xinhua)

18/04/2005