El nuevo presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, tomó el poder junto con el reto urgente de atender demandas antagónicas que abren más interrogantes que respuestas sobre el futuro del país, el más pobre en América del Sur.
La investidura de Rodríguez, el jueves pasado, generó una suerte de "tregua política" que, sin embargo, pende del delgado hilo que sostiene las programadas conversaciones con los diversos grupos sociales y políticos que presionaron por el cambio de gobierno.
La Federación de Junta de Vecinos (Fejuve) de la ciudad de El Alto y Central Obrera Boliviana (COB), entre otras organizaciones, dieron a Rodríguez un plazo de tres días que vence el lunes próximo para que "nacionalice" los hidrocarburos y llamé a una asamblea constituyente que refunde a Bolivia.
El mayor partido opositor, Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el popular diputado Evo Morales, dijo en cambio que mantendrá la "tregua" hasta que Rodríguez nombre a su gabinete y eventualmente llame a elecciones generales este año.
El Frente Unico de Sindicatos Campesinos (FUSC) concedió una "tregua de 10 días" al nuevo gobierno y exhortó a los habitantes de la capital administrativa boliviana, La Paz, que se aprovisionen de alimentos ante posibles nuevas protestas si fracasa el diálogo.
El líder del partido Movimiento Indigenista Pachakuti (MPI) y del pueblo aymara, Felipe Quispe, ratificó la intención de fundar un Estado aymara con propias leyes, costumbres y ejército. "El caos puede terminar en una guerra civil", advirtió.
El Frente Cívico del departamento oriental de Santa Cruz insiste en la convocatoria a un referéndum sobre autonomías departamentales para agosto próximo.
En ese marco, Rodríguez, sin filiación política conocida y sin respaldo de partido alguno, tendrá que hilar "muy fino" para que durante su régimen de transición alcance un acuerdo nacional en busca de soluciones a una problemática "compleja y profunda", o en todo caso "administrar una grave crisis" sin mayores sobresaltos.
El Congreso, luego de juramentar a Rodríguez, tiene que redefinir su papel en el proceso de transición pues los movimientos sociales, focalizados en El Alto y La Paz, lo han deslegitimizado al exigir en las últimas cuatro semanas que sea "cerrado".
Tras la renuncia del anterior mandatario Carlos Mesa, la investidura de Rodríguez fue el desenlace de un drama anunciado que se inició a principios de mayo cuando una parte de los 9 millones de bolivianos exigía la nacionalización de los hidrocarburos sin pago de compensaciones a las empresas extranjeras que los explotan.
Los inconformes también reclaman la convocatoria a una asamblea constituyente que incluya a los marginados aborígenes, que son casi 60 por ciento de la población.
En términos generales, las dos preguntas más recurrentes son: se respetarán los resultados? si Bolivia acude a las urnas en medio de este conflicto o estallará una guerra civil?
Sobre las demandas, las posiciones están divididas entre los nueve departamentos de Bolivia, que carece de salida al mar, posee los segundos yacimientos de gas más grandes de Suramérica después de Venezuela y tiene estatizados los hidrocarburos aunque son explotados por transnacionales.
Cinco departamentos plantean la "nacionalización en los hechos" de los hidrocarburos, la convocatoria a una asamblea constituyente y la cancelación de las aspiraciones de autonomía regional. Esas cinco zonas son La Paz en el oeste , Oruro, Chuquisca, Potosí (sur) y Cochabamba (centro).
En contraparte, Santa Cruz (este), acompañado de Tarija (sur) y en menor medida por los amazónicos Beni (norte) y Pando (noreste) demandan una consulta popular sobre autonomías y pugnan por una asamblea constituyente que respalde un referendo autonómico e impulse la inversión privada, sea nacional o extranjera.
La crisis boliviana tiene un trasfondo político, económico, social y racial, pues a lo largo del tiempo se han dado luchas fraticidas que han envuelto al país en un manto de graves diferencias que han llevado a decenas de golpes de Estado y a renuncias de mandatarios.
Otra pregunta que emerge es: Lo qué ocurra en Bolivia tendrá influencia positiva o negativa en sus países vecinos -Argentina, Brasil, Chile y Perú?, sobre todo ante un eventual desmembramiento territorial, aunque las Fuerzas Armadas de Bolivia aseguran que impedirán cualquier separación.
Según comentaristas internacionales, los relativamente ricos departamentos orientales de Santa Cruz, Beni y Pardo verían con "buenos ojos" anexarse a Brasil, mientras Tarija, que contiene el 85 por ciento de las reservas de gas, se inclinaría hacia Argentina.
El presidente Rodríguez enfrenta muy serias dificultades y tendrá que maniobrar con gran finura y autoridad para buscar soluciones inmediatas que le permitan gobernar y entregar al futuro gobierno un país encaminado a la paz y al bienestar.
Pero a fin de lograr ese objetivo tiene que "desactivar bombas cortoplacistas" como la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la asamblea constituyente y el referendo sobre autonomías departamentales. (Xinhua)

13/06/2005