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El gobernante Frente Sandinista y la oposición legislativa acercaron sus posturas para poner fin a una crisis institucional que domina el escenario político desde el último trimestre de 2007.
Los poderes estatales de Nicaragua continúan enfrentados en una polémica que amenaza con afectar un crédito al país por 600 millones de dólares si el congreso no aprueba, en los próximos días, la ley del Presupuesto General del país.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le advirtió que si la Ley del Presupuesto no es aprobada por el parlamento paralizará el desembolso.
El próximo mes se espera la visita de una comisión especial del FMI que llegará al país para conocer la situación. La crisis, visible entre los poderes legislativo y judicial pero que alcanza al ejecutivo, debe, por tanto, estar superada en ese momento.
El presidente Ortega minimizó la noche del jueves pasado el nivel de la crisis y dijo que existen las normales contradicciones entre poderes de un Estado democrático.
La oposición legislativa, agrupada en el autollamado Bloque contra la Dictadura, se niega a sesionar para aprobar la ley presupuestaria si no hay un acuerdo de los poderes que determine que no puede existir ningún recurso que afecte la facultad de legislar.
A finales del año pasado, el poder judicial paró la vigencia de una ley cuando suspendió la publicación de la misma, hecho que fue interpretado por la oposición legislativa como la imposición de un control previo al poder legislativo.
La resolución judicial paralizó la actividad legislativa, debido a que una mayoría de 52 diputados opositores se niega a sesionar.
El viernes pasado, el coordinador de la fracción sandinista en la Asamblea Nacional (congreso), Edwin Castro, admitió que existen intensas negociaciones para reanudar el ejercicio parlamentario la próxima semana.
Castro dijo que existe una propuesta de reforma de ley que recoge las inquietudes de todos porque la idea es resolver la crisis.
El legislador sandinista negó que exista ya un acuerdo, pero admitió que las negociaciones están bastante avanzadas y van por buen camino.
El presidente de la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais de la bancada liberal, insistió en la existencia de un acuerdo que determina que en el futuro no puede existir control previo al trámite de una ley como ocurrió en 2007.
Según los parlamentarios de la oposición, la idea es dejar claro que cualquier ciudadano o los poderes del Estado pueden ampararse ante la Corte Suprema de Justicia contra una ley cuando entre en vigencia, como ha sido la costumbre, no antes.
Tradicionalmente en Nicaragua, una ley entra en vigencia una vez aprobada por el plenario del congreso y publicada en el diario oficial "La Gaceta".
El gobernante Frente Sandinista había propuesto, al inicio de año, como salida negociada, que el control previo al proceso de formación de ley fuese un recurso limitado a los presidentes de los poderes del Estado.
No obstante, la oposición rechazó de plano la propuesta por considerarla una forma disfrazada de mantener el control previo.
El diputado José Pallais dijo que el estancamiento de la crisis será superado con una reforma a la Ley de Amparo.
Esa reforma establecerá que las leyes, decretos y resoluciones de la Asamblea Nacional no pueden ser recurridos antes de que sean publicadas en el diario oficial por ningún recurso, ni ordinario ni extraordinario, apuntó.
Pallais dijo que la propuesta fue elaborada por el Bloque contra la Dictadura integrada por diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS), todos de oposición a Ortega. (CRI)
22/01/2008
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