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El gobierno de Brasil pretende recibir más de 50 por ciento de la producción del campo petrolero de aguas profundas de Tupi, ubicado frente a la bahía de Santos, anunció el director de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), Haroldo Lima.
En declaraciones publicadas el día 14 por el diario "Estado de Sao Paulo", Lima explicó que por tratarse de una reserva con productividad inédita en el país, el gobierno exigirá un porcentaje mayor al habitual a las empresas que lo exploten.
Por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 41 áreas fueron retiradas de una ronda de licitaciones después del descubrimiento de la reserva.
La semana pasada, el gobierno anunció el descubrimiento de una área submarina gigantesca con reservas de hasta 80.000 millones de barriles, lo que colocaría a Brasil entre los 10 mayores productores y exportadores del mundo.
Con la perspectiva de convertirse en unos de los grandes países productores, Brasil quiere cambiar el modelo de contratación para la explotación, ya que el vigente es similar al utilizado por países con pocas reservas petroleras.
Según la ley actual, el estado brasileño recibe 10 por ciento de regalías más una participación especial de hasta 40 por ciento en los casos de grandes reservas y alta productividad.
En el régimen de concesión vigente las empresas asumen todo los riesgos y el costo de explotación, pagan derechos al gobierno y son dueñas del petróleo. Países con mucho petróleo utilizan en cambio, según Lima, el modelo de compartir la producción, por el cual el país es dueño del petróleo.
Durante su visita a Santiago de Chile, el fin de semana, el presidente Lula da Silva recordó que la estatal brasileña Petrobras descubrió en la década de 1980 una gran reserva de petróleo en Irak, pero Saddam Hussein, que gobernaba el país, decretó que el petróleo era del pueblo iraquí.
Por su descubrimiento, Petrobras recibió 300 millones de dólares en compensación y se declaró satisfecha.
Para adoptar un modelo similar, el que más satisface a las autoridades, Brasil debería cambiar la legislación del sector petrolero.
Una tercera opción que está siendo analizada es la de contrato de servicios, en el cual el gobierno contrata empresas privadas para explotar el petróleo, utilizado por países como México, Venezuela e Irán. (Xinhua)
15/11/2007
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