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El gobierno chileno, en un giro a su política tributaria, decidió estudiar una rebaja en el impuesto específico a los combustibles, tras inyectar 200 millones de dólares para estabilizar los precios de la gasolina y el diésel.
Este alto impuesto se ha mantenido inamovible desde 1990, y el año pasado representó un ingreso fiscal de unos 1.600 millones de dólares y, a más tardar en marzo próximo, el gobierno presentará al parlamento un proyecto de ley para modificarlo.
El impuesto específico de los combustibles distingue entre la gasolina (bencina) y el petróleo diésel. Al primero se le aplica un gravamen mensual aproximado de 200 dólares por metro cúbico, y al segundo de 52 dólares.
El cambio en la postura oficial obedece a que la presidenta Michelle Bachelet ha decidido dar "un enfoque político a las resoluciones económicas" en el segundo tiempo de su mandato, que precisamente comienza el 10 de marzo y termina en 2010.
Además, este cambio fue probablemente influenciado por los altos registros de inflación que protagonizaron parte de las alzas que han tenido las bencinas en el último tiempo, y que llegan en la actualidad a los 700 pesos (1,45 dólares).
Los tributos que se pagan en combustibles implican más de la mitad del precio que el consumidor paga por un litro de gasolina.
Hasta ahora, en este tema habían prevalecido los criterios del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a quien personeros oficialistas lo han señalado como "demasiado neoliberal".
Con la entrada del nuevo ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, de la Democracia Cristiana, parece que las decisiones económicas serán matizadas políticamente.
Velasco, quien ha sido reacio a un cambio, dijo el martes que hay disposición para revisar alternativas al impuesto, "porque tenemos circunstancias distintas. Un petróleo que en los mercados internacionales ha excedido cualquier proyección y una situación de inflación que ha excedido lo que los analistas nacionales y extranjeros habían previsto".
En la evaluación para reducir el gravamen se tendrá en cuenta el impacto que una decisión de esa envergadura tendría sobre el gasto público y el mecanismo que permita que el beneficio favorezca particularmente a la clase media.
Desde hace algún tiempo, los partidos de la coalición gobernante habían planteado la necesidad de rebajar el impuesto a los combustibles para reducir los efectos de la creciente inflación que ha experimentado el país en los últimos meses, lo que ha sido apoyado por la oposición de derecha y los gremios del sector productivo.
En el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se produjo una situación similar en el alza del precio del combustible, y se adoptó la entrega de bonos a los camioneros y dueños de autobuses para paliar la situación, pero nunca se rebajó el impuesto.
La idea de modificar este tributo no es nueva para el gobierno de Bachelet, puesto que en su programa plantea revisar "la estructura del impuesto específico a los combustibles, a modo de disminuir la asimetría que existe en el tratamiento del petróleo diésel y la gasolina, la que distorsiona el mercado y resiente la recaudación fiscal".
Agrega que, en cualquier caso, se evitará perjudicar al transporte o a sectores productivos que usen el diésel como insumo.
Hacienda no tiene aún una idea definida sobre la nueva cuantía del impuesto, pero los analistas locales creen que consistiría en recortar directamente el tributo a las gasolinas para acercarlo lo más posible al actual valor del diésel, que también podría sufrir una revisión.
La atención inmediata del gobierno se concentra en inyectarle 200 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, con los cuales se pretende estabilizar, y no necesariamente subsidiar, los altos valores de la bencina, lo que permitiría el tiempo suficiente para analizar con cuidado algún cambio tributario.
Cálculos preliminares señalan que el fisco chileno recaudó en 2007 por concepto de combustible unos 1.600 millones de dólares, que representan un 5 por ciento del total del ingreso tributario, y que el superávit sobrepasará los 15.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB).
Debido a estos resultados, hay economistas que piensan que el gravamen específico que afecta a los combustibles no parece tener una justificación en términos de eficiencia ni de recaudación, especialmente por el alto superávit que tienen las cuentas fiscales
A su juicio, si se considera, además, que los excedentes provenientes del mayor precio del cobre están invertidos en fondos fuera de Chile, no pareciera que el impuesto a los combustibles tenga una justificación en términos de recaudación como el que podría haber tenido hasta hace algunos años.
Se ha propuesto una rebaja del citado impuesto en forma gradual a partir del momento en que el precio sobrepase un determinado rango.
Esto sería factible y tendría un impacto favorable en términos de recaudación, tomando en consideración que en la medida que se incrementa el precio de los combustibles el Estado recauda una mayor cantidad del Impuesto del Valor Agregado (IVA).
Hay quienes plantean que no sólo se tiene que reducir dicho gravamen al combustible, sino eliminarlo completamente, pues permitiría descomprimir significativamente las presiones de precios, al tener los combustibles un efecto multiplicador en la mayoría de los bienes y servicios de uso cotidiano de la población. (Xinhua)
17/02/2008
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