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El gobierno chileno descartó cambiar su sistema privado de pensiones por uno estatal, como el que se ha anunciado en Argentina, pese a una caída en la rentabilidad de los ahorros previsionales por la crisis internacional.
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que "el sistema funciona bien y hay control estatal" sobre las entidades que lo administran.
Añadió que los ahorros de los trabajadores de Chile "están a buen recaudo" y reiteró que los fondos de los personas que están próximos a la jubilación están asegurados en dólares en el extranjero, cuya exposición a riesgos es muy baja.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández firmó el martes un proyecto de ley que elimina el sistema privado de pensiones para "proteger" los ahorros previsionales de la crisis financiera global, y lo sustituye por el régimen de reparto (estatal).
El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile comenzó a funcionar en 1981 durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, y se mantuvo tras el retorno de la democracia en 1990.
Para jubiliarse, todos los trabajadores chilenos deben cotizar obligatoriamente a una AFP privada, excepto un pequeño grupo que siguió afiliado al Instituto Nacional de Previsiones (INP).
La ley establece que las cinco administradoras de pensiones (Capital, Cuprum, Habitat, Planvital y Provida) pueden invertir en el extranjero el 30 por ciento de sus fondos, cuya rentabilidad ha venido cayendo en los últimos meses a niveles históricos por el desplome de los mercados mundiales.
En septiembre, el valor de los activos de los fondos de pensiones disminuyó 16.184 millones de dólares frente a septiembre de 2007, para alcanzar un total de 92.329 millones de dólares.
Las AFP chilenas son las principales inversionistas institucionales del país, con fuerte presencia en el mercado bursátil local y en los directorios de las principales compañías que cotizan en bolsa en Chile.
El sistema chileno de pensiones, que fue copiado en Argentina y otros países latinoamericanos, está basado en cuentas individuales obligatorias y administración privada de fondos.
La presidenta Michelle Bachelet anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para crear una AFP estatal, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde estarían más protegidos los fondos de las jubilaciones.
BONDADES Y DEFECTOS DEL SISTEMA DE PENSIONES DE CHILE
El sistema tradicional de jubilación ha entrado en crisis en la mayoría de los países por el mayor envejecimiento de la población y los altos pagos de beneficios comparados con los bajos ingresos del sistema.
En la década de los 80, el sistema chileno estaba en bancarrota y el régimen militar optó por privatizarlo, como parte de su modelo económico neoliberal que minizaba el poder del Estado y daba preponderancia al mercado.
Esta reforma incluyó el concepto de cuentas de capitalización individual, lo cual era anhelado por muchos que percibían que los gobiernos a menudo no pueden mantener los activos necesarios para un sistema de retiro financiado.
Este modelo estableció un vínculo directo entre los aportes que se hace al sistema y los beneficios que se reciben del mismo, lo que crea incentivos para que las personas asuman la responsabilidad de su pensión.
Como resultado de lo anterior y de la acumulación de un fondo de pensiones, se podía generar una serie de consecuencias positivas sobre el ahorro, el desarrollo del mercado de capitales y la productividad del trabajo, factores que, a su vez, estimulan el crecimiento económico.
Pero los críticos del sistema chileno alegan que éste deja en la indefensión a quienes, por su calidad de trabajadores independientes, no lograrán el requisito de 20 años de cotizaciones para acceder a la garantía estatal de pensión mínima cuando sus fondos se acaben.
Según una recientes investigación con 540 casos de afiliados al sistema, un 60,6 por ciento de ellos no reunirá el capital necesario para obtener una pensión mínima autofinanciada, y de ellos un 86 por ciento tampoco logrará reunir las 240 cotizaciones para obtener la garantía estatal.
Los niveles de ingreso de la población contribuyen a empeorar esta situación. La mayoría de los afiliados tiene ingresos bajos: 50, 8 por ciento de los trabajadores afiliados a las AFP cotiza por ingresos menores a unos 340 dólares al mes.
Los mayores problemas para los que jubilan en Chile es que no han tenido un trabajo estable durante su edad laboral y que si llega a retirarse por una AFP su pensión será mucho menor que si hubiera cotizado en el INP.
Otro asunto que afecta a los trabajadores es la comisión del 2,3 por ciento que le descuentan las AFP por administrar sus fondos, pese a que esas empresas obtienen enormes beneficios por los intereses que obtienen por las inversiones en el país y en el extranjero.
Además, la mayoría de los afiliados no sabe cómo funciona el sistema ni a donde van a parar sus fondos ni cuáles son sus beneficios y perjuicios.
Una AFP estatal podría administrar de forma transparente los fondos de pensiones, dar garantías y evitar riesgos de pérdida para los trabajadores. Sin embargo, para su creación se debe contar con los votos de la oposición derechista, que ya rechazó un proyecto similar el pasado año. (Xinhua)
23/10/2008
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