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Tres estados brasileños enfrentan a los otros 24 estados del país, en un desigual combate para decidir dónde se quedan los "royalties" (participación de ingresos) y contribuciones que la industria petrolera nacional paga por su producción.
La desigualdad quedó patente esta semana en la votación de la enmienda presentada por el diputado Ibsen Pinheiro al proyecto del ejecutivo sobre la explotación del "pre sal" (conjunto de nuevos y ricos yacimientos de petróleo a gran profundidad).
La enmienda se aprobó con 369 votos a favor, 72 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados, y ahora deberá ser discutida por el Senado, donde no se espera un resultado muy distinto.
El proyecto establece básicamente que los "royalties" y el pago de otros derechos por la industria petrolera sean divididos por igual entre todos los estados y municipios brasileños, una vez descontada la parte del gobierno central, que es la mayor.
El nuevo sistema de distribución de los recursos sería válido no sólo para los nuevos yacimientos del "pre sal", sino para los que actualmente están en producción, de acuerdo con el régimen de concesiones.
Hasta ahora, el régimen vigente relaciona la proximidad de los estados y municipios a los yacimientos productores para establecer la participación de cada uno, calculada por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP).
Cerca de 85 por ciento del petróleo nacional se produce en la cuenca marítima de Campos, frente al estado de Rio de Janeiro, por lo tanto éste recibe la mayor parte de los derechos financieros sobre el petróleo producido.
Los otros estados beneficiados por el régimen actual en forma sustancial son los de Espírito Santo y Sergipe, aunque otras unidades de la federación brasileña reciben pequeñas participaciones en la renta petrolera.
En cuanto a los municipios, 90 de los 92 que existen en el estado de Rio reciben "royalties", así como 29 municipios de Espírito Santo y 10 del estado de Sergipe.
En el caso particular de Rio de Janeiro, esa fuente de ingresos produjo en 2009 un total de recursos de 2.760 millones de dólares para la administración provincial, más otros 1.480 millones destinados a los municipios.
Si se aprueba de manera definitiva la enmienda de Ibsen Pinheiro, esa sumas se verán reducidas a 50,8 millones y 82,5 millones de dólares, respectivamente.
El resultado de la votación en la Cámara de Diputados no fue bien recibida por el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Sergio Cabral.
"Si se aprueba esa medida, el estado de Rio de Janeiro irá a la quiebra, tendrá que cerrar las puertas", declaró dramáticamente el gobernador.
Cabral incluso sostuvo que la realización de la Copa del Mundo en 2014 y las Olimpíadas en Rio de Janeiro 2016 serán inviables financieramente.
"Los 'royalties' representan del 12 al 15 por ciento de la recaudación del estado. Sin ellos no tendremos ni siquiera garantías para obtener préstamos. Eso lo paralizaría todo", señaló el gobernador.
Una situación parecida enfrentan los municipios fluminenses (del estado de Rio), para el conjunto de los cuales la recaudación de derechos sobre el petróleo representa 15,8 por ciento de los ingresos totales.
Para algunos de ellos, el peso es mucho mayor.
En Sao Joao da Barra, 81 por ciento del presupuesto municipal es cubierto con los "royalties", en Campos repreaenta 68 por ciento, en Rio das Ostras 67 por ciento y en Búzios 49 por ciento.
La materialización de la enmienda Pinheiro representaría prácticamente la quiebra de los municipios que no tienen con qué sustituir los recursos cesantes, ante lo cual se verían obligados a despedir funcionarios y suspender proyectos en gran escala.
Sin embargo aún existen algunas alternativas, la primera de ellas, en caso de la aprobación de la iniciativa por parte del Senado, sería el veto por parte del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, como prometió al gobernador Cabral, uno de sus principales aliados.
No obstante, en un año electoral el veto presidencial resulta difícil y políticamente costoso, ya que significaría oponerse a un proyecto que beneficia a 5.560 municipios.
Otro factor en contra es que la misma mayoría que aprobó el proyecto puede levantar el veto presidencial y llevar al mandatario a una derrota política.
La otra posibilidad, más viable, es una negociación en el Senado que preserve las rentas petroleras actuales de estados y municipios y que sólo aplique la división igualitaria a los nuevos yacimientos del "pre sal" y otros descubiertos en el futuro.
En caso de que la negociación no resulte, queda la opción de recurrir al Poder Judicial para alegar inconstitucionalidad de la enmienda, sin embargo eso llevaría años, hasta una decisión definitiva.(Xinhua)
15/03/2010
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