2. Dar nuevos pasos en la gestión del empleo y la seguridad social, y elevar el nivel de vida del pueblo.

Es imperativo continuar aplicando una política de empleo activa; poner en práctica concienzudamente las diversas políticas y medidas de ayuda al reempleo, y extender el alcance de su aplicación a los trabajadores desplazados de las empresas de propiedad colectiva. La hacienda central asignará para este año 10,900 millones de yuanes en concepto de fondos de apoyo al reempleo, cifra que supone un incremento de 2,600 millones respecto al año anterior. Las haciendas territoriales deben también incrementar sus inversiones. Es preciso potenciar el asesoramiento, la capacitación y los servicios relacionados con el empleo. Asimismo, debe coordinarse la colocación de la mano de obra recién incorporada al mercado laboral en las ciudades y poblados, la de los graduados de centros de enseñanza superior, la de los militares desmovilizados, y la de la fuerza de trabajo sobrante del campo. Por otra parte, es necesario intensificar el control de la seguridad laboral.

Es indispensable acelerar la implantación del sistema de seguridad social. Hay que perfeccionar el sistema de seguros de vejez básicos de los trabajadores de las empresas, persistiendo en el enlazamiento de la coordinación social con las cuentas personales, y ampliar el alcance de los experimentos piloto consistentes en asegurar el total cumplimiento de los ingresos en estas cuentas. Al impulsar la sustitución de la garantía de subsistencia básica de los trabajadores desplazados de las empresas estatales por un seguro de desempleo, este año es preciso resolver en lo fundamental el problema que desde hace tiempo viene afectando a dichos trabajadores en la mayor parte del país. De ahora en adelante, el personal desplazado de las empresas debe ser incorporado, de manera gradual, directa y conforme a la ley, a la cobertura del seguro de desempleo o al plan de garantía del nivel de vida mínimo de la población urbana. Debemos ampliar, con arreglo a la ley, la cobertura de los seguros sociales, como los de vejez, desempleo, asistencia médica y accidentes laborales; elevar el índice de participación en los mismos de las empresas de gestión individual, las privadas y las de capital foráneo; y perfeccionar los métodos de participación en los seguros del personal con colocaciones flexibles. Hay que intensificar el cobro y la entrega de las primas de los seguros sociales y elevar paso a paso el grado de coordinación social; estudiar y elaborar el proyecto de reforma del sistema de seguros de vejez de los órganos e instituciones públicas; mejorar el sistema de garantía del nivel de vida mínimo de la población urbana; realizar ensayos dirigidos a la implantación de un mismo sistema para los habitantes de las zonas rurales que reúnan las condiciones requeridas. Es preciso gestionar adecuadamente el trato preferencial y las subvenciones concedidas a los antiguos miembros del ejército minusválidos, y a las familias de los mártires y a las de los militares. Asimismo, hay que prestar apoyo al desarrollo de las obras de caridad.

Debemos seguir aumentando los ingresos de la población urbana y rural, y, especialmente, los de los ciudadanos con rentas media y baja. Hemos de promover un aumento constante de los ingresos del campesinado mediante la adopción de múltiples medidas; insistir en establecer un régimen de garantías para el pago normal de los salarios a los trabajadores emigrados del campo y seguir llevando a buen término la liquidación de los salarios que se les adeudan. Los diversos tipos de empresas deben observar estrictamente las estipulaciones sobre el salario mínimo, pagar puntual e íntegramente los salarios de los trabajadores e incrementar sus remuneraciones sobre la base de la elevación de la rentabilidad. El régimen salarial de los funcionarios públicos debe reformarse y normalizarse.

Hay que impulsar la reforma del sistema de distribución de ingresos. Es preciso rectificar y reglamentar el orden distributivo, perfeccionar con empeño el modelo de recaudación del impuesto sobre la renta personal, intensificar la regulación de la distribución de ingresos y racionalizar gradualmente las relaciones de esta distribución, en un esfuerzo por reducir la excesiva disparidad existente entre los ingresos de algunos de los componentes de la sociedad y contribuir a la equidad social.

Debe prestarse suma atención a la resolución de los problemas relacionados con la subsistencia básica de la población urbana y rural que padece dificultades económicas. Las administraciones territoriales deben acelerar la implantación, tanto en la ciudad como en el campo, de un régimen de asistencia social a las personas que viven en una situación de pobreza extrema y ayudarlas a resolver sus problemas más inmediatos, como son el tratamiento médico, la vivienda y la escolarización de sus hijos; perfeccionar el sistema de manutención de las familias campesinas receptoras de los cinco tipos de garantía, e incrementar los fondos de ayuda a las zonas pobres y asistir con dinamismo a su población para que se libre de la pobreza y alcance la prosperidad. Hay que llevar a buen término la supresión y reducción de los impuestos en las zonas afectadas por las calamidades naturales, y hacer llegar a las masas damnificadas las ayudas necesarias para que puedan proseguir sus actividades productivas y reemprender su vida cotidiana.

3. Reforzar la construcción de la democracia y la legalidad, y salvaguardar la estabilidad social.

Tenemos que impulsar de manera activa y prudente la reforma de la estructura política, e intensificar el fomento de la política democrática socialista. Es preciso ampliar la democracia en los niveles de base y perfeccionar el sistema de su gestión democrática. Hay que proseguir la labor legislativa del gobierno, potenciando prioritariamente la legislación en lo que se refiere tanto al perfeccionamiento del mecanismo de regulación y control macroeconómicos como a la respuesta ante todo tipo de emergencias y a la garantización de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores. Es necesario impulsar la reforma del sistema judicial y salvaguardar la imparcialidad de la justicia. Los gobiernos de todas las instancias deben apoyar a los organismos procesales y fiscales en el ejercicio independiente de sus atribuciones con arreglo a la ley. Se precisa una mayor divulgación de las leyes y una educación más intensiva en las mismas. Hay que llevar a buen término la prestación de servicios jurídicos y la asistencia jurídica. Y hay que defender con arreglo a la ley los derechos e intereses legítimos de las mujeres, los menores y los minusválidos.

Debe aplicarse integralmente la política del Partido para con las minorías étnicas, mantener y perfeccionar el sistema de su autonomía regional, y consolidar y desarrollar las relaciones interétnicas socialistas de igualdad, unidad y ayuda mutua, para promover la prosperidad y el progreso en común de todos los grupos étnicos. Es preciso poner en práctica cabalmente la política básica del Partido respecto a los asuntos religiosos, aplicar en forma concienzuda el Reglamento sobre Asuntos Religiosos y obrar como es debido en materia religiosa teniendo en cuenta las nuevas circunstancias. Asimismo, hay que manejar mejor los asuntos de los chinos de ultramar.

Hay que atribuir suma importancia a la estabilidad social. Es preciso resolver acertadamente las contradicciones existentes en el seno del pueblo, solventar oportuna y racionalmente los problemas que nos hacen llegar las masas, y rectificar con decisión y a tenor de la ley todo acto lesivo a sus intereses. Es menester aplicar concienzudamente el Reglamento de Atención a las Quejas Formuladas en Persona o por Correspondencia, y fortalecer y mejorar el trabajo al respecto. Debe establecerse y perfeccionarse un mecanismo de mediación para las contradicciones y litigios sociales, perfeccionarse el sistema de alerta temprana y el mecanismo de respuesta a las emergencias, encaminados ambos a la estabilización social, y prevenir activamente y solucionar adecuadamente los incidentes de carácter multitudinario. Se impone intensificar en mayor grado la rectificación coordinada del orden público e impulsar activamente la implantación del sistema para su control. Con miras a infundir a las amplias masas mayor confianza en la seguridad, es necesario castigar con rigor y conforme a la ley todo tipo de delitos penales y, en particular, los atentatorios contra la seguridad del Estado, los graves delitos de violencia, los cometidos por organizaciones mafiosas, los relacionados con los narcóticos y los de apropiación continuada de bienes ajenos. Es preciso elevar la capacidad de garantizar la seguridad pública y de hacer frente a contingencias, así como reducir las pérdidas causadas por emergencias, entre ellas, las calamidades naturales y los desastres provocados por accidentes. Hay que avivar la conciencia sobre la importancia de la seguridad del Estado e implantar un mecanismo relativo a su salvaguardia.

En el año transcurrido, en algunos lugares y ramas, la negligencia en la seguridad laboral provocó numerosos accidentes graves y de proporciones descomunales que acarrearon cuantiosas pérdidas humanas y materiales al pueblo, a raíz de lo que debemos sacar a conciencia lecciones muy dolorosas, y adoptar medidas más enérgicas para potenciar la seguridad en la producción. Es necesario aplicar estrictamente el sistema de responsabilidad por la seguridad en la producción, reforzar el control de la seguridad, e intensificar la inspección en este sentido y la aplicación de la ley al respecto, con el fin de eliminar toda clase de riesgos latentes y, de este modo, prevenir y reducir el número de accidentes graves y de proporciones descomunales. En la actualidad, debemos considerar la elevación de la seguridad en las minas de carbón como una tarea descollante, perfeccionar el sistema y el mecanismo de supervisión y control de su seguridad, poner en juego el papel supervisor que desempeñan las masas trabajadoras sobre la seguridad en la producción, aumentar las inversiones en sus instalaciones de seguridad y elevar el nivel técnico de la seguridad en la producción. El Consejo de Estado ha decidido destinar este año 3,000 millones de yuanes de fondos destinados a la construcción para apoyar a las minas hulleras en su reconversión técnica en materia de seguridad; por su parte, las administraciones territoriales y las empresas también deben invertir más en este terreno. Debemos trabajar con un elevado espíritu de responsabilidad ante el pueblo para mejorar efectivamente la situación de seguridad en la producción hullera.

VI. INTENSIFICAR LA MEJORA DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL ESTILO DE TRABAJO DEL GOBIERNO

El año pasado, cumplimos algunas tareas en lo referente a la aplicación de la Ley de Permiso Administrativo, la perseverancia en la toma de decisiones científica y democrática, la promoción del ejercicio de la administración conforme a la ley y el reforzamiento de la gestión de los asuntos sociales. Somos muy conscientes de que aún queda bastante por hacer en la autoconstrucción del gobierno. Debemos aplicar a conciencia el espíritu de la IV Sesión Plenaria del XVI Comité Central del Partido y agilizar la reforma y la autoconstrucción del gobierno.

Primero: hay que profundizar en la reforma de los organismos gubernamentales.

Conforme al principio de simplificación, unificación y eficacia, y a la exigencia de coordinar la toma de decisiones, su consiguiente aplicación y la supervisión de ambas, hay que perfeccionar la institución de los organismos gubernamentales, racionalizar la división de sus funciones y controlar rigurosamente sus plantillas, con el objetivo de establecer un procedimiento científico, reglamentado y legalizado en la determinación de las funciones del gobierno, de sus organismos y de sus plantillas. Es necesario consolidar los logros obtenidos en la reforma institucional del gobierno y resolver oportunamente los problemas que surjan. Debemos aligerar el paso en la reforma de los organismos de los cantones y poblados, poniendo énfasis en delimitar racionalmente sus funciones y en ir simplificando los organismos existentes y reduciendo el personal sustentado por la hacienda pública. Se promoverá de manera activa y prudente la reforma de las instituciones públicas atendiendo a sus diferentes tipos y se reglamentará con arreglo a la ley el otorgamiento de facultades a estas instituciones.

Segundo: hay que acelerar el cambio de las funciones gubernamentales.

Es preciso promover una mayor separación entre la administración gubernamental y la gestión empresarial, entre la administración gubernamental y la gestión de los activos estatales, y entre las funciones del gobierno y las de las instituciones públicas, sin vacilar en traspasar los asuntos cuya administración no incumbe al gobierno a las empresas, el mercado y las organizaciones sociales, con el fin de hacer valer plenamente el papel de las organizaciones sociales, las asociaciones gremiales, las cámaras de comercio y las instituciones intermediarias. El gobierno tiene que ocuparse como es debido de los asuntos que le competen. Al seguir progresando en la regulación económica y la supervisión y el control del mercado, debe conceder mayor importancia a la administración de los asuntos sociales y los servicios públicos, destinar preferencialmente a la gestión de dichos asuntos más recursos públicos, entre ellos, de tipo financiero y material, y dedicar mayores esfuerzos de su liderazgo a la promoción del desarrollo de los servicios de utilidad social y a la edificación de una sociedad armoniosa. Es preciso aplicar a conciencia la Ley de Permiso Administrativo, seguir ahondando en la reforma del sistema de examen y ratificación administrativos, y revisar, recortar y reglamentar aún más los trámites correspondientes.

Tercero: hay que mejorar las formas y los métodos de administración económica.

Es necesario cambiar los tradicionales conceptos y las prácticas propios de la economía planificada. Al insistir en el desarrollo económico, las diversas instancias del gobierno deben poner su principal empeño en servir a los sujetos del mercado y crear un entorno favorable para su desarrollo, y no suplantar en absoluto a las empresas en la toma de decisiones relacionadas con las inversiones, en la atracción de negocios ni en la captación de capitales foráneos, ni tampoco intervenir directamente en sus actividades de producción y gestión. Los cuadros dirigentes de los diversos niveles deben incrementar su conciencia y capacidad de dirigir la labor económica según las leyes de la economía de mercado, de manejar los asuntos de acuerdo con las prácticas internacionales habituales y de hacer valer principalmente los medios económicos y jurídicos a la hora de regular el funcionamiento de la economía.

Cuarto: esforzarse por construir un gobierno de servicio.

Debemos innovar los métodos administrativos del gobierno e integrar la administración en los servicios, con el fin de atender mejor a las entidades de base, a las empresas y al público en general. Es preciso reorganizar los recursos administrativos, rebajar los costes de la administración y elevar su eficacia y nivel de servicios. Los diversos departamentos del gobierno deben cumplir sus respectivas funciones y reforzar su coordinación. Hay que perfeccionar los sistemas de divulgación pública y de convocatoria de audiencias con los sectores sociales, para que las masas populares tengan una amplia participación en la administración de los asuntos públicos. Es menester promover con energía la información pública sobre los asuntos administrativos, el desarrollo de la administración electrónica, aumentar la transparencia de las actuaciones del gobierno y fortalecer su credibilidad pública.

Quinto: acrecentar la capacidad de ejercer la administración según la ley.

Hay que aplicar a conciencia el plan básico de gobernar el país con arreglo a la ley e implementar cabalmente el programa de ejercer la administración según la ley promulgado por el Consejo de Estado, con vistas a acelerar la construcción de un gobierno regido por ella. Los diversos niveles del gobierno y sus departamentos deben observar estrictamente la Constitución y la ley y, en acatamiento de las atribuciones y los procedimientos legales, ejercer su poder, cumplir con su deber y someterse a supervisión. Se pondrá en práctica el sistema de responsabilidad por la aplicación de la ley en las actividades administrativas. Se impone eliminar resueltamente la aplicación de la ley por múltiples niveles y autoridades y su aplicación injusta. Es imperativo potenciar el sistema de exigencia de responsabilidades administrativas y, con sujeción a la ley, exigirlas a quienes cometan errores administrativos. Los diversos departamentos deben reforzar la administración interna, colaborar activamente con los departamentos de auditoría y supervisión, apoyarlos en el cumplimiento de sus funciones conforme a la ley y rectificar a conciencia los problemas descubiertos. Debe ampliarse más la supervisión ejercida por los ciudadanos, la sociedad, la prensa y la opinión pública sobre el gobierno y sus departamentos.

Sexto: fomentar esforzadamente la edificación del estilo de trabajo del gobierno.

Es necesario persistir en considerar al ser humano como lo primordial y en gobernar el país en bien del pueblo. Hay que tener firmemente enraizadas en la mente una concepción científica del desarrollo y una concepción correcta de los méritos administrativos, y desarrollar a gran escala un espíritu realista y práctico; aplicar con rigor la Ley de Estadística; empeñarse en estudiar la manera de establecer un sistema de valoración científica del desempeño del gobierno y un sistema de evaluación integral del desarrollo económico y social; oponerse resueltamente al formalismo y abstenerse de emprender "obras de imagen" o proyectos a modo de exhibición de méritos administrativos que malgastan recursos humanos y materiales; abreviar las reuniones y los documentos e introducir mejores prácticas en la realización de aquéllas y en la redacción de éstos, y reglamentar y controlar con rigor las actividades de revisión, de evaluación y emulación, y las destinadas al cumplimiento de determinadas metas establecidas. Se precisa aplicar a conciencia el espíritu de la III Reunión sobre el Trabajo Relativo a la Moralización Administrativa convocada por el Consejo de Estado y, haciendo énfasis en la reforma y la constitución del sistema correspondiente, intensificar la moralización administrativa y la lucha contra la corrupción. En combinación con la educación impartida a los militantes del Partido en el mantenimiento de su carácter avanzado, se intensificará la educación, administración y supervisión de los funcionarios públicos y se harán esfuerzos por formar un contingente de éstos del que el pueblo se sienta satisfecho. (Continúa)
(Xinhua)
15/03/2005