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La máxima legislatura de China clausuró el día 28 su sesión bimestral de cinco días, en la cual aprobó el nombramiento del nuevo ministro de Seguridad Pública del país y cuatro proyectos de ley.
Los legisladores votaron a favor del nombramiento de Meng Jianzhu, ex jefe del Partido Comunista de China (PCCh) en la provincia Jiangxi, este de China, como el nuevo ministro de Seguridad Pública del país.
Meng, nacido en 1947, sustituye a Zhou Yongkang, quien fue elegido miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh en la primera sesión plenaria del XVII Comité Central del PCCh a principios de la semana pasada.
El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional también adoptó el Proyecto de Enmienda a la Ley de Abogados del país, ley que tiene casi 10 años de existencia, lo cual facilitará que los abogados se reúnan con los presuntos criminales y obtengan evidencia.
La enmienda estipula que los abogados, siempre y cuando tengan los documentos requeridos, tales como su certificado de practicante legal, están facultados a reunirse personalmente con presuntos criminales o acusados una vez que los órganos judiciales hayan concluido su interrogatorio inicial o tomado las medidas obligatorias.
Los abogados defensores y presuntos criminales no serán supervisados cuando sostengan una conversación, indica la enmienda, y los abogados defensores tienen derecho a revisar todos los expedientes y materiales relacionados con el caso.
Los abogados defensores tienen derecho a solicitar a los órganos de procesamiento y a los tribunales populares que reúnan y proporcionen la evidencia correspondiente y usar a los tribunales para que los testigos presenten testimonio en el tribunal.
Los legisladores también votaron a favor de aprobar el Proyecto de Ley de Planificación Urbana y Rural destinado a prohibir "proyectos de vanidad" o los proyectos de bienes raíces ostentosamente innecesarios, considerados frecuentemente como resultado de la búsqueda a ciegas del desarrollo urbano.
La nueva ley estipula que los planes de desarrollo urbano y rural deben ser realizados de acuerdo con los principios de conservación de los recursos de la tierra, protección medioambiental, protección del patrimonio cultural, prevención y ayuda por desastre, salud pública y seguridad pública.
Funcionarios gubernamentales u otros responsables de planificación urbana o rural que abusen de sus cargos, enfrentarán procesos penales o se les impondrán castigos administrativos de acuerdo con la gravedad de su mal proceder.
Los inmuebles ilegales no incluidos en los planes de desarrollo urbanos y rurales deben ser derribados y los individuos u organizaciones responsables serán multados con hasta 10 por ciento del valor total del inmueble. Si se rehúsan a derribar los inmuebles ilegales, éstos serán confiscados.
Para garantizar la participación y supervisión públicas, la nueva ley dice que los planes de desarrollo urbanos y rurales deben ser dados a conocer para garantizar que la opinión pública pueda influir en el proceso de planificación y para evitar que funcionarios del gobierno local enmienden arbitrariamente los planes.
Otras dos enmiendas de ley fueron adoptadas en la sesión de clausura de el día 28, incluyendo al Proyecto de Enmienda a la Ley de Conservación de Energía y al Proyecto de Enmienda a la Ley de Procedimiento Civil.
Para garantizar que la política de ahorro de energía del país sea cumplida fielmente por los gobiernos locales, la Enmienda a la Ley de Conservación de Energía dice que el trabajo realizado por funcionarios del gobierno local en conservación de energía debe estar integrado a la evaluación de su desempeño político.
También estipula que los estándares de ahorro de energía en la industria de construcción deben ser más estrictos que los establecidos por el gobierno central y por las asociaciones industriales porque el ahorro de energía en inmuebles está relacionado estrechamente con la situación geográfica local.
La ley modificada, que casi duplica los artículos de la original, detalla las medidas para evitar desperdicio de energía, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de contaminantes.
Otras medidas de ahorro de energía incluyen a un control estricto de la temperatura interior en edificios públicos y las restricciones a luces decorativas de grandes edificios.
En un programa quinquenal hasta 2010, China prometió reducir el consumo de energía por unidad del producto interno bruto (PIB) en 20 por ciento ó 4 por ciento cada año. Sin embargo, el consumo en realidad cayó en sólo 1,23 por ciento el año pasado.
La enmienda a la Ley de Procedimiento Civil de 16 años de existencia ayudará a resolver el problema duradero de que los fallos de los tribunales civiles no son llevados a cabo.
Los tribunales chinos descubrieron que en 2006, 2,13 millones de fallos sobre casos civiles no habían sido llevados a cabo en la fecha debida. Casi la mitad de esos fallos aún tienen que ser llevados a cabo, y los veredictos siguen siendo palabras huecas en un pedazo de papel judicial.
La Enmienda multiplica por un factor de diez las multas para quienes se rehúsen a ejecutar el fallo de un tribunal civil, las multas ascienden de 1.000 a 10.000 yuanes (1.300 dólares USA) para los infractores particulares, y de 30.000 a 300.000 yuanes (39.000 dólares USA) para las compañías.
La ley también indica que quien se rehúse a cooperar con los tribunales civiles para asegurar que se ejecute un fallo podría ser detenido. (Xinhua)
29/10/2007
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