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La máxima legislatura de China ratificó el jueves los tratados de extradición con Australia y Francia, los cuales ofrecen un marco jurídico para llevar de regreso a los fugitivos sospechosos y sean procesados y sentenciados en sus respectivos países.
El tratado, ratificado en la segunda sesión del Comité Permanente de la XI Asamblea Popular Nacional (APN), fortalecerá la cooperación judicial entre China y los dos países, especialmente en persecución de fugitivos, incluidos los funcionarios corruptos que se van al extranjero para solicitar asilo.
Desde fines de la década de los 80 del siglo pasado, algunos funcionarios chinos acusados de delitos económicos optaron por huir del país. Los sospechosos, en su mayoría del sector financiero o de empresas propiedad del Estado, aprovecharon sus relaciones en el extranjero para huir, dijo la Fiscalía Popular Suprema.
América del Norte, Australia y Asia del Sudeste son los destinos preferidos, dijo.
Más de 500 sospechosos están prófugos en el extranjero y son buscados por delitos económicos, de acuerdo con estadísticas de la policía. Ellos están acusados de delitos que involucran más de 70. 000 millones de yuanes (10.000 millones de dólares USA).
Con la cooperación judicial bilateral y la asistencia de la Interpol, el órgano mundial de policía, sólo una fracción de presuntos fugitivos chinos ha sido repatriada. En vista de esto, China considera a la repatriación de funcionarios corruptos como una prioridad de su plan de cooperación judicial internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que China firmó 99 protocolos de asistencia judicial bilateral con más de 50 países y regiones. Entre ellos se encuentran 58 tratados de asistencia civil y judicial, 30 tratados de extradición, cinco de transferencia de criminales y seis contra fuerzas separatistas nacionales, extremistas religiosos y fuerzas terroristas internacionales.
Cuando China firma tratados de cooperación judicial con otras naciones, especialmente con países desarrollados, con frecuencia la pena de muerte se convierte en el foco del debate.
Sin embargo, las partes involucradas han eliminado los obstáculos causados por sistemas judiciales diferentes. Esto fue evidente en un tratado de extradición de 2006 firmado entre China y España, el primer país con el que se firmó un acuerdo de ese tipo.
En los nuevos tratados con Australia y Francia se estipula que los dos países, que no practican la pena de muerte, podrían rehusarse a extraditar a un sospechoso si enfrenta la pena de muerte en China.
El viceministro chino de Relaciones Exteriores Wu Dawei dijo que "la disparidad en sistemas judiciales entre China y otros países no debe ser un obstáculo para la cooperación internacional ni ser considerada por los funcionarios corruptos como una vía de escape al castigo". (Xinhua)
25/04/2008
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