|
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó esta semana la ley 458 que establece reglas para la regularización de tierras públicas ocupadas por particulares en la Amazonia.
En principio, la nueva ley establece que las personas que ocupan hasta 100 hectáreas las recibirán en propiedad de manera gratuita, mientras que aquellas propiedades de 100 a 400 hectáreas deberán pagar un precio simbólico para ser regularizadas.
Las tierras de 400 a 1.500 hectáreas tendrán que ser pagadas al estado al precio de mercado, para que su titulación pueda ser regularizada.
En todos los casos, esas propiedades no podrán ser vendidas durante los tres años siguientes a la regularización.
En su tramitación en el Congreso, el proyecto original del Ejecutivo recibió enmiendas de los legisladores que incluyeron la posibilidad de que tierras explotadas por terceros y u ocupadas por empresas puedan ser también sometidas al proceso de regularización.
Esos agregados hicieron que la entonces Medida Provisoria (MP, decreto presidencial sometido a la aprobación "a posteriori" del Congreso) fuese bautizada por la oposición como "la MP de los grileiros".
En Brasil se denomina "grileiros" a las personas que se apropian de manera irregular de tierras al utilizar títulos de propiedad o posesión falsificados.
El uso del término sugiere que quienes ahora regularizarán sus tierras amazónicas las obtuvieron por la vía fraudulenta.
El dispositivo que beneficiaba a las propiedades explotadas por terceros y a las tierras ocupadas por empresas fue vetado por el presidente Lula da Silva al promulgar la nueva ley, con lo cual el principal motivo de críticas fue eliminado.
El gobierno señaló que la ley permitirá regularizar alrededor de 67 millones de hectáreas de tierras en situación irregular.
Si se calcula que los terrenos en proceso de regularización tienen una extensión promedio de 400 hectáreas, esto representa un total de 167.500 propiedades, sin embargo las autoridades esperan beneficiar a más de 300.000 familias, ya que la mayoría de las tierras ocupadas tienen hasta 100 hectáreas, según las cifras gubernamentales.
El presidente de la Asociación Brasileña por la Reforma Agraria, Plinio de Arruda Sampaio, sostuvo que la nueva ley estimulará la especulación fundiaria, debido a que 72 por ciento de las propiedades beneficiadas tiene entre 400 y 1.500 hectáreas.
Uno de los aspectos polémicos de la ley es el establecimiento de la simple declaración de ocupación, por parte del agricultor, como presupuesto inicial del proceso de regularización, sin que esté sujeto a una inspección visual directa.
De acuerdo con ambientalistas, muchas personas pueden declarar que ocupan las tierras desde antes de 2004 (el límite temporal impuesto por la ley) sin haberlo hecho efectivo.
La autodeclaración como ocupante puede beneficiar a quienes están informados sobre los detalles de la ley, aún sin estar en la tierra, mientras que los verdaderos ocupantes que no tienen acceso a esa información no estarán en condiciones de beneficiarse.
Para el coordinador sectorial de Greenpeace, Nilo D'Avila, eso es lo que ocurrirá en la mayoría de los casos, ya que los auténticos ocupantes de la Amazonia no tienen acceso a los medios de comunicación.
La Confederación de Trabajadores en la Agricultura (Contag) censuró el plazo de tres años para la prohibición de venta de las propiedades regularizadas, pues es tan corto que estimulará la compra por parte de terratenientes vecinos.
En cambio, el ex gobernador del estado de Acre, Jorge Viana, subrayó la importancia de que finalmente se permita regularizar las propiedades para aquellos que fueron atraídos a la Amazonia por los proyectos de colonización de los gobiernos militares (1964-1985).
De acuerdo con Viana, la regularización permitirá reducir los conflictos por la tierra que han costado la vida a una infinidad de campesinos y dirigentes sindicales, sin estimular la especulación agraria ni la deforestación.
El ex gobernador recuerdó que la legislación ambiental establece que las propiedades deben mantener la vegetación natural en la mayor parte de su superficie, o recomponerla en los casos en que haya sido retirada.
Eso asegurará, según Viana, las metas de reducción de la deforestación asumidas por el gobierno brasileño, que enfrenta críticas internacionales por la quema de superficies selváticas que aumentan la emisión de carbono y el efecto invernadero.(Xinhua)
29/06/2009
|
