Venezuela descarta desplome en Aruba de avioneta inutilizada

Actualizado a las 03/06/2015 - 15:34

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El ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, descartó hoy que la avioneta inutilizada el jueves por las autoridades de Venezuela ante la sospecha de que transportaba drogas, cayera en Aruba.

Padrino López, a través del canal estatal Venezolana de Televisión, respondió al titular de Justicia de la isla caribeña, Arthur Dowers, quien mencionó la posibilidad de que la aeronave cayera en territorios cercanos a Aruba, país autónomo insular del Reino de los Países Bajos.

El ministro de Defensa detalló que la aeronave fue detectada en el estado venezolano de Apure (oeste), procedente de Centroamérica, tras lo cual fue interceptada al noroeste del estado Falcón (costa), a 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) de la Base Josefa Camejo.

Explicó que la inutilización de la avioneta se debió al incumplimiento que efectuara ésta de las leyes aeronáuticas, establecidas en el marco jurídico de la nación.

"La Ley para el Control del Espacio Aéreo ordena que toda aeronave que ingrese a nuestro espacio debe ser asistida en primera instancia, y si no cumple con los procedimientos establecidos en la aeronáutica civil se procede lo que está establecido legalmente", precisó el ministro.

El titular venezolano participó en un acto de entrega de condecoraciones a personal del ministerio del Poder Popular para la Defensa, realizado en la ciudad de Caracas, desde donde se refirió al nuevo documento que regula el orden interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivarana (FANB).

Recalcó que los principios de la FANB están apegados a los derechos humanos y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Agregó que esta resolución tiene la intención de regular la actuación de la Fuerza Armada en materia de orden público.

"Es una deuda que tiene el Estado venezolano desde el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando la FANB salió a masacrar a un pueblo por la irresponsabilidad de la dirigencia política", acotó.

El documento se hizo público el pasado 27 de enero, a través de la Gaceta Oficial 40.589, y fue el resultado de una mesa de trabajo conjunta establecida por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público (MP).