Ex ministro brasileño de Hacienda reafirma legalidad en actos de Rousseff

Actualizado a las 28/08/2016 - 14:13

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El ex ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, en calidad de testigo de la defensa en el proceso de "impeachment" contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff, dijo hoy, en su testimonio ante el Senado, que los actos de la mandataria cuestionados por la acusación fueron legales.

Según Barbosa, los decretos de crédito suplementario apuntados por los acusadores siguieron el mismo esquema que venía siendo usado desde hacia más de diez años sin que hubiera ningún cuestionamiento de los órganos de control.

El ex ministro, quien dejó el cargo cuando Rousseff fue suspendida en mayo pasado, dijo que la redacción de los decretos fue elaborada con base a informes de "técnicos concursados que trabajan en ese tema desde hace mucho tiempo".

Los decretos dan más libertad a los funcionarios públicos para utilizar los recursos en un ambiente de presupuesto limitado, explicó.

"En 2009, 32 decretos de línea de crédito adicionales fueron editados. Fueron aprobados por el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) sin reservas a este aspecto", enfatizó.

Sobre la crisis económica que afectó al país, el ex ministro dijo que la causa fue una combinación de factores externos e internos.

"Hubo corrección en el precio de las materias primas, la caída de los precios del petróleo, la corrección de los precios administrados, los recortes de gastos, la parálisis política del Congreso, la Operación Lava Jato (Lavadero)", enumeró Barbosa.

También, de acuerdo a Barbosa, si no hubiera existido la fuerte caída de los ingresos públicos como consecuencia de la falta de crecimiento, la crisis "no hubiera sido posible".

Rechazó que Rousseff haya cometido "crimen de responsabilidad", enfatizando que en 2015 hubo fuertes cortes de gastos, por lo que fue un año del que puede hablarse de todo, "menos de irresponsabilidad fiscal", enfatizó.

Luego del ex ministro será escuchado, el profesor de derecho Ricardo Lodi Ribeiro, de la Universidad del Estatal de Río de Janeiro (UERJ, por sus siglas en portugués), quien lo hará en calidad de informante.

El viernes pasado declararon, por la defensa, el economista Luiz Gonzaga Belluzzo, el profesor de derecho Geraldo Prado y el ex secretario ejecutivo del ministerio de Educación, Luiz Claudio Costa.

La gran expectativa está en los trabajos del lunes 29, cuando rinda testimonio Rousseff, quien declarará acompañada por una comitiva de más de 30 colaboradores, entre ellos 18 ex ministros, y con la presencia de su mentor político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El pasado 11 de mayo, la mandataria fue apartada provisionalmente, por 180 días, del ejercicio de la presidencia y en su lugar asumió funciones el vicepresidente Michel Temer del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En caso de que la presidenta sea destituida definitivamente, Temer completará el mandato hasta fines de 2018 y Rousseff no podrá ejercer la función pública por un período de 8 años.

En el juicio político serán necesarios los votos de dos tercios del total de 81 senadores (54 votos) para que se apruebe la destitución definitiva de la mandataria.

Si sus adversarios políticos no suman ese número de votos, Rousseff será absuelta, retomará la presidencia inmediatamente y el proceso será archivado.