Denuncian a 22 personas y cuatro empresas por mayor tragedia ambiental de Brasil

Actualizado a las 21/10/2016 - 09:14

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El Ministerio Público Federal de Brasil denunció hoy a 22 personas, además de las mineras Vale, BHP Billiton y Samarco (filial de las dos últimas) y la consultora VogBR, por la ruptura de un depósito de residuos en el sureste del país en 2015.

Los procuradores presentaron este jueves la denuncia en la ciudad de Belo Horizonte, capital regional de Minas Gerais, el estado en el cual se produjo el rompimiento de un depósito en la mina de Samarco el año pasado que dejó 19 muertos, en lo que es considerado la peor catástrofe ambiental en la historia del país.

De las 22 personas acusadas, 21 fueron denunciadas por homicidios calificado con dolo eventual, cuando se asume el riesgo de matar.

Sólo un ingeniero de VogBR no fue acusado de homicidio con dolo eventual, aunque responderá, junto a su compañía, por el crimen de presentar un laudo ambiental falso.

El resto de los acusados deberá responder también a crímenes de inundación, derrumbe, lesión corporal y crímenes ambientales.

Las mineras Samarco, Vale y BHP Billiton son acusadas por nueve crímenes ambientales.

Según el Ministerio Público, los acusados pueden ir a un juicio popular y, en caso de que sean condenados, pueden tener penas de hasta 54 años de prisión, además del pago de una multa y de reparar los daños ambientales y los causados a las víctimas del incidente.

La tragedia ocurrió el 5 de noviembre de 2015 en el municipio de Mariana, Minas Gerais, cuando los diques de un gigantesco depósito de residuos mineros de Samarco se rompieron y provocaron una riada de 62 millones de metros cúbicos de agua y barro que anegó poblados cercanos, con un saldo de 19 muertos.

El desastre ambiental afectó la flora y fauna del lugar, e incluso llegó hasta el océano Atlántico, a través del Río Doce, que resultó severamente contaminado.

En mayo pasado la justicia brasileña dio luz verde a un acuerdo de indemnización pactado por las mineras con el gobierno, según el cual las empresas pagarán unos 20.000 millones de reales (unos 6.250 millones de dólares) durante la próxima década para resarcir a las víctimas y reparar los daños ambientales causados.

El acuerdo, al margen del proceso penal, contempla también la adopción de 22 medidas socioeconómicas y 17 programas socioambientales para la recuperación de las poblaciones y del ecosistema afectados.