Gobierno chileno descarta estado de excepción en zona de conflicto indígena

Actualizado a las 27/05/2017 - 08:55

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SANTIAGO, 26 may (Xinhua) -- El gobierno chileno descartó hoy la petición de empresas agrícolas y de transporte para decretar estado de excepción en la sureña región de La Araucanía, ante el recrudecimiento de la violencia en el conflicto indígena.

"Creemos que es una medida que no corresponde. Nuestras instituciones, en Chile, funcionan, y funcionan en todo el territorio nacional", respondió desde La Moneda la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez.

Tras el doble atentado del pasado miércoles, donde fueron quemados cinco camiones y dos recibieron impactos de bala, incidentes que incluso afectaron a camioneros extranjeros, los gremios coincidieron en plantear públicamente esta demanda.

"A objeto de restablecer el Estado de Derecho y garantizar que la seguridad y la paz social vuelvan a imperar en la zona", dijo la patronal Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

No obstante, la portavoz gubernamental afirmó que existe "una especial atención por lo que sucede en La Araucanía, una atención permanente de parte del Ministerio del Interior (Mariano Fernández) respecto de lo que sucede (ahí)".

"Por lo tanto, no creemos que este tipo de peticiones tengan lugar", añadió la autoridad.

La región la Araucanía, a 800 kilómetros al sur de Santiago, es el epicentro del denominado conflicto indígena que mantiene enfrentado a la mayor etnia originaria del país, la mapuche, con el Estado chileno por la devolución de sus tierras ancestrales.

Grupos de comuneros radicalizados han generado incendios en camiones de empresas forestales, iglesias y en establos, en repudio a lo que denominan ocupación chilena de sus territorios ancestrales.

El pueblo mapuche es la mayor etnia originaria del país, con una población de unas 800.000 personas, un 5 por ciento de la población de Chile.

Las protestas indígenas ha derivado la última década desde ocupaciones simbólicas de terrenos hasta la quema de predios y camiones. Producto de este conflicto han muerto al menos cuatro comuneros indígenas por disparos de la policía entre 1990 y 2011.

Como forma de abordar el conflicto los gobiernos democráticos invocaron la polémica Ley Antiterrrorista, una legislación que implica la pérdida de garantías procesales para los sospechosos y acusados y que ha sido criticada por Naciones Unidas y organizaciones humanitarias por su aplicación exclusiva hacia a activistas indígenas.