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Juez argentino amplía acusación contra ex presidenta Cristina Fernández

BUENOS AIRES, 6 jun (Xinhua) -- Un juez federal argentino amplió hoy la acusación contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) en dos casos en los que es investigada por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.

El juez Claudio Bonadio procesó a la actual senadora nacional bajo la acusación de haber recibido sobornos en dos expedientes, derivados de una investigación principal, donde se indaga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de dinero ilegal de empresas que explotaban rutas con peajes durante su gestión.

La llamada "causa de los cuadernos" inició a partir de una serie de anotaciones que realizaba en cuadernos el chofer del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina, Oscar Centeno, con detalle de días, horas y sumas que recaudaba de parte de empresarios a favor de ex funcionarios.

Bonadio emitió este jueves dos fallos, uno de 678 páginas y otro de 264 páginas, ambos difundidos por el Centro de Información Judicial (CIJ), organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

En esos dos fallos el magistrado procesó a Fernández, a empresarios y a ex funcionarios públicos.

En el primer fallo en el que se investiga la presunta cartelización de la obra pública, el juez amplió el proceso contra la ex presidenta y trabó un embargo sobre sus bienes por 11.502 millones de pesos (unos 256 millones de dólares), por el presunto delito de encabezar una asociación ilícita que se habría creado para recaudar fondos de manera ilegal de parte de empresarios.

La investigación comenzó luego de que el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner declarara bajo la figura de "arrepentido" en la "causa de los cuadernos", y admitiera la existencia de un sistema a través del cual empresarios pagaban sobornos a ex funcionarios para evitar licitaciones de obras públicas, por lo que las mismas empresas se designaban entre sí para obtener los contratos.

En el segundo fallo, que investiga el pago de sobornos por parte de empresas que obtuvieron la concesión de rutas y peajes, el juez amplió el procesamiento de Fernández y trabó un embargo sobre sus bienes por 700 millones de pesos (unos 15,58 millones de dólares).

Esta causa se inició luego de que el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales Claudio Uberti declarara como "arrepentido" en la "causa de los cuadernos" que todos los meses recibía sobornos de las empresas a las que debía controlar.

Agregó que ese dinero lo tenía que entregar al fallecido ex presidente Néstor Kirchner o al entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios entre 2003 y 2015, Julio De Vido.

La ex presidenta ha rechazado en reiteradas oportunidades las acusaciones de Bonadio y ha sostenido que se trata de una "persecución judicial" en su contra.

En sus fallos, Bonadio solicitó la prisión preventiva de Fernández, aunque esa medida no se puede hacer efectiva hasta que el Senado disponga quitar los fueros parlamentarios a Cristina Fernández.

La senadora nacional está procesada con pedido de prisión preventiva por el juez federal en otras causas, entre ellas por el presunto cobro de sobornos a empresarios de la obra pública, por la posesión de dos documentos históricos en su domicilio particular y por el pago de presuntos sobreprecios en la importación de gas natural licuado.

En marzo último, Bonadio dispuso iniciar otros dos procesos formales contra Fernández, en dos investigaciones paralelas, por la presunta entrega de subsidios irregulares a empresas ferroviarias y a compañías del transporte público automotor.

Desde el pasado 21 de mayo, la ex presidenta afronta un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), donde está acusada de fraude en la concesión de obras públicas a empresarios presuntamente cercanos a su familia.