La UE impone a Meta una multa récord de 1.200 millones de euros por la protección de datos

A lo largo de los últimos diez años, Meta ha jugado con fuego al ignorar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Comité Europeo de Protección de Datos. La compañía matriz de Facebook deberá detener cualquier transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos y devolver los datos transferidos a otros en territorio europeo. La multa, impuesta por la autoridad irlandesa de protección de datos (CPD) a instancias del Comité Europeo, ya es un récord: 1.200 millones de euros que superan los 746 millones con que se sancionó a Amazon por el mismo motivo. Además, las autoridades le han dado un plazo de cinco meses para dejar de transferir los datos de los usuarios a EE.UU Meta recurrirá la decisión, según La Vanguardia.

En julio del 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que la transferencia de datos a proveedores estadounidenses viola el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y anuló un acuerdo de transferencias entre la UE y Estados Unidos denominado Privacy Shield (Escudo de Privacidad). Este tratado sustituía otro acuerdo llamado Safe Harbor (Puerto Seguro), que ya había sido anulado en el 2015.

Desde que el tribunal europeo se pronunció en julio del 2020, Facebook y otras grandes tecnológicas como Microsoft, Amazon y Google se han apoyado en las llamadas “cláusulas contractuales tipo (CCS)” para continuar con las transferencias de datos y mantener las bases de datos de sus clientes europeos. Se trata de unas cláusulas aprobadas por la Comisión Europea que deben incluirse en los contratos de transferencias internacionales de datos entre un país de los 27 países de la UE (además de Liechtenstein, Noruega e Islandia) y otro país, como es el caso de Estados Unidos.

Meta está pendiente de un nuevo acuerdo de transferencia de datos entre la UE y Estados Unidos que es probable que entre en vigor después del próximo verano, aunque nada garantiza que, al igual que sucedió con Puerto Seguro y Escudo de Privacidad, sea invalidado por los tribunales. Estas resoluciones judiciales europeas tienen efecto retroactivo.