Nuevo impuesto para gran minería de cobre chilena no afectará a capitales extranjeros, estiman expertos

La nueva ley que establece un impuesto específico para la gran minería del cobre en Chile no debe afectar la circulación de capitales extranjeros porque deja "las reglas claras" y, además, permitirá distribuir la riqueza entre las regiones del país, destacaron expertos chilenos.

Tras más de cuatro años de tramitación, la Ley de Royalty Minero, publicada hoy jueves en el Diario Oficial del país, fue promulgada la semana pasada por el presidente Gabriel Boric, y su objetivo es utilizar recursos de la gran minería para potenciar el desarrollo de las regiones.

El nuevo gravamen regirá a partir de 2024 y se impondrá a aquellas compañías cuyas ventas provengan en más de un 50 por ciento del cobre y que cuenten con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año.

"La inversión de capitales extranjeros con esta nueva ley de 'royalty' no debería verse afectada debido a que la minería sigue siendo atractiva por sus reservas y por la tecnología de extracción", aseveró a Xinhua el director del Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Jaime Morales.

Coincidió con el director de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Talca, Francisco Rivas, para quien el nuevo gravamen no afectará a los capitales extranjeros porque "las reglas están claras".

"Chile tiene una buena reputación en esta materia y las empresas las conocerán. Además, Chile es un país atractivo no solo por el cobre sino también por otros minerales como el litio, oro y las tierras raras entre otros", indicó.

La nueva ley, remarcó, otorga certeza jurídica a la industria, lo que "permitirá que empresas tanto de explotación como de exploración minera vuelvan a mirar a Chile como un país serio y confiable para invertir en estos proyectos que son de largo plazo".

Ambos expertos destacaron que la ley permitirá distribuir los recursos del país entre sus diferentes regiones.

En este sentido, Morales, también académico de la Escuela de Ingeniería Química de la PUCV, subrayó que al establecer la distribución de recursos a gobiernos regionales y municipios de todo el país, se avanza en la descentralización fiscal y la justicia territorial.

Apuntó que las grandes mineras han reaccionado de "forma cautelosa", pues "el aumento de carga tributaria potencial máximo puede generar una baja en su productividad en las inversiones futuras".

No obstante, afirmó, ese aumento va en la línea de países productores de cobre como Perú y Australia.

Por su parte, Rivas señaló que la ley "considera la utilización de los fondos recaudados para regiones y comunas donde se desarrolla la actividad minera y, por tanto, existe una vinculación territorial con la industria minera con el fin de lograr una especie de retribución por las externalidades negativas que se han generado en estas zonas durante años".

Además, agregó, considera un fondo para ayudar a las comunas más vulnerables del país, incluso las que están lejanas territorialmente a las operaciones mineras, "lo cual es una novedad".

"Permite lograr una mayor equidad en la redistribución de recursos que se obtienen de la explotación de minerales que son de todos los habitantes de este país", apuntó.

Con la recaudación del impuesto específico, el gobierno pretende distribuir unos 450 millones de dólares para impulsar el desarrollo de las regiones y comunas del país a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo para la Equidad Territorial, y el Fondo Comunas Mineras.

Chile es el principal productor de cobre en el mundo y según datos de la Comisión Chilena del Cobre, este año se prevé una producción de cobre de mina de 5,4 millones de toneladas, un 1 por ciento más que el año anterior.